Faltan explicaciones

El Gobierno ha de aclarar a la mayor brevedad el alcance exacto de los compromisos contraídos con los exconvergentes. La vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños confirmaron ayer su intención de promover una ley orgánica para delegar a las autonomías competencias en materia de migración en virtud del artículo 150.2 de la Constitución. Aunque ello difícilmente satisfará las expectativas de Junts sobre el control de los flujos por parte de la Generalitat y la expulsión de los migrantes que considere multirreincidentes.

Lo mismo ocurrirá con el resto de los acuerdos alcanzados al borde de las votaciones del miércoles. El Ejecutivo trató de rebajar ayer el alcance de sus concesiones al asegurar que no hará públicas las balanzas fiscales porque hay discrepancias técnicas al respecto, recordar que los jueces españoles podrán elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de la UE suspendiendo la aplicación de la amnistía y generalizar las otras medidas apalabradas en el último minuto, de modo que Cataluña no aparezca como única beneficiada. Solo que el partido de Puigdemont convertirá cada frustración independentista en argumento para apretar aún más al Gobierno. Una actitud que los otros aliados de la investidura previsiblemente emularán.

De entrada, los Presupuestos quedarán sujetos a la subasta de votos entre los grupos afines a la continuidad de Sánchez. Su discusión se limitará en la práctica a los juegos que se traen las fuerzas de la inestable mayoría en el poder; sobre todo, a los de Junts y ERC en su particular incompatibilidad secesionista.