Opa, decisión en frío

Pero insoslayable sobre todo, más allá del protocolo de actuación que define la Ley 17/2007 de Defensa de la Competencia, porque la aprobación por la CNMC delimita el terreno de juego en unos criterios técnicos que embridan los de interés u oportunidad política. Especialmente cuando el informe es fruto de la cuadratura de los requisitos planteados por el regulador independiente con su aceptación por parte de BBVA, aun cuando Sabadell los considere insuficientes y discrepe de la metodología aplicada.

No es posible dilucidar qué reacciones habría generado esta opa si Cataluña no estuviera emergiendo de la traumática década del 'procés'; si el retorno de Sabadell a Barcelona no constituyera una suerte de 'apuesta de país' para la Generalitat y el conjunto del arco parlamentario catalán; y, singularmente, si el Ejecutivo de Sánchez no tuviera comprometida su supervivencia en una doble vía que confluye: los pactos con el independentismo y la reivindicación del «reencuentro» con la España constitucional a través del Govern de Salvador Illa.

Pero los condicionantes políticos –que además no son coincidentes en sus objetivos últimos– no pueden permear la decisión que acabe adoptando el Consejo de Ministros encabezado por Sánchez, que está obligado legalmente a tasarla y justificarla adecuadamente tras el dictamen de la CNMC; y bajo la constatación de que el desenlace pende de los 200.000 accionistas de Sabadell. Sostener, como ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, que el Ejecutivo ha de parar la opa porque con ella «pierde la democracia» constituye un exceso argumental incompatible con «el rigor» y «la cautela» a los que apela el ala socialista del Ejecutivo.