Separación de poderes
El enjuiciamiento del hermano de Sánchez obliga al presidente y al Gobierno a extremar el rigor institucional en sus pronunciamientos
La política institucional española se ha visto permeada en las últimas horas por dos episodios judiciales tan previsibles como insólitos. Primero, el lunes, la jueza ... que temporalmente se ha hecho cargo de la causa abierta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, envió a este a juicio por dos delitos de fraude fiscal y uno contable, falsedad documental y organización criminal. Ayer, la Audiencia de Badajoz avaló la instrucción de la magistrada Beatriz Biedma y, con ello, la apertura de la vista oral a David Sánchez, hermano del jefe del Gobierno, y al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por posible prevaricación y tráfico de influencias por supuesto enchufe laboral. Se trata de dos procedimientos de distinta naturaleza y dimensión –el del pariente de Sánchez sí vincula su estatus con el supuesto beneficio obtenido de su parentesco–, pero que obligaban a los responsables públicos concernidos a mantener una escrupulosa distancia entre las instituciones que comandan en representación de toda la ciudadanía y esas causas que afectan a su entorno personal. Ni Sánchez ni Ayuso, inmersos en su extenuante batalla política, lo han hecho.
Resulta particularmente inaceptable en el funcionamiento democrático del Estado de derecho que el jefe del Ejecutivo haya puesto paulatinamente en solfa la profesionalidad de los jueces cuya actuación le repercute, hasta llegar a alinearse con las inasumibles acusaciones de 'lawfare' proferidas desde hace años por la izquierda a la izquierda del PSOE y el secesionismo catalán y vasco y que erosionan la obligada separación de poderes. Porque si algo está evidenciando el desarrollo de las causas al hermano de Sánchez, a la esposa de este o al fiscal general designado por él es que las garantías del sistema funcionan, con tribunales de segunda instancia que vienen confirmando la existencia de indicios suficientes para justificar y proseguir las investigaciones y que acotan la actuación de los instructores si incurren en excesos, como ha hecho la Audiencia de Madrid con el magistrado Peinado en las pesquisas sobre Begoña Gómez. Los juicios ya determinados para David Sánchez y para Álvaro García Ortiz obligan al Gobierno, con su máximo responsable al frente, a extremar el rigor institucional de sus pronunciamientos. Rigor que debería haber llevado a Díaz Ayuso a impedir que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, acusara sin fundamento a la jueza Rodríguez Medel de poco menos que de prevaricar.
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