Energías no tan verdes

Sin entrar en consideraciones sobre si tales energías son o no verdes, renovables evidentemente no, ya que ambas utilizan unos elementos finitos y una vez que se acabe el gas o el uranio disponible en nuestro planeta es evidente que ya no podría seguirse generando nueva energía eléctrica con ellos, y sin considerar tampoco el problema que representan los residuos radioactivos generados en las centrales nucleares, pues es seguro que la ingeniería será capaz de dar solución a tal problema, lo que sí quisiera es hacer mención a la posición que tanto el Gobierno como las grandes eléctricas y, en su caso, los tribunales, adoptarán cuando el problema actual, derivado de la guerra planteada por Rusia con la invasión de Ucrania, llegue a su final y los países que hasta ahora utilizaban el gas proveniente de Rusia vuelvan a tener acceso directo al mismo.

Cuando la normalidad vuelva al mundo energético, ¿modificará el Gobierno a las grandes empresas eléctricas los beneficios que ahora les reconozcan para que hagan sus inversiones en centrales nucleares y de gas, al igual que hizo con los pequeños productores fotovoltaicos en los años 2010 el Partido Socialista, primero, y 2013 el Partido Popular, después? No debemos olvidar, a tal efecto, que cuando aquellos ya habían hecho las inversiones que el Gobierno les había solicitado para cumplir las medidas dictadas por la Unión Europea, y cuya retribución les había sido garantizada a través del Boletín Oficial del Estado, los citados gobiernos les fue recortando drásticamente la retribución y condiciones que anteriormente les había reconocido.

Sin embargo, apuesto a que ningún Gobierno se atreverá a modificar las condiciones que ahora reconozca a las grandes eléctricas para que hagan sus inversiones en gas y energía nuclear, falsamente llamadas verdes de forma sobrevenida, exactamente igual que no lo hizo con anterioridad el Gobierno Socialista de Felipe González cuando en 1984 decretó la moratoria nuclear y compensó por tal medida a las empresas afectadas con un canon que durante muchos años pagamos todos en el correspondiente recibo de la luz, e igual que hizo posteriormente el Gobierno Popular de José María Aznar cuando en 1997 decretó el acceso a la competencia y compensó a las grandes eléctricas con un río de millones, que también pagamos entre todos, alegando en su caso que debía compensarlas por las inversiones que ya tuviesen comprometidas.

Notable diferencia de trato, como se ve, el dado por los distintos gobiernos a unos y otros. Claro que en un caso se trata de grandes empresas eléctricas, con gran poder e influencia, en cuyos consejos de administración acaban muchos de los políticos que adoptan las decisiones que a ellas afectan, mientras que los otros son pequeños productores que ningún poder tienen y poco pueden molestar a tan importantes dignatarios.

Sin embargo, no deja de ser una incoherencia que las empresas eléctricas no levantaran su voz protestando por el expolio a los pequeños productores fotovoltaicos, aunque solo fuese como arma de auto protección, ante eventuales vaivenes retroactivos en el futuro. ¿Por qué no pusieron el grito en el cielo ante tales medidas? ¿Por que no recordaron entonces la seguridad jurídica, o la buena fe y la confianza debida?

Aquellas compañías olvidaron que cuando se rompe una vez la seguridad jurídica, y se violenta el Estado de Derecho, se produce una tendencia a continuar por el mismo camino en cuantas ocasiones el político de turno lo considere conveniente.

¿Y los tribunales?. Éstos ya sentaron doctrina, para vergüenza de muchos juristas que vieron al Tribunal Supremo validar el expolio del Gobierno a los pequeños productores fotovoltaicos con una decisión difícil de entender en un Estado de Derecho -bien es verdad que con el voto en contra de tres de los siete magistrados que integran la sala- mientras que ahora, cortes arbitrales internacionales a las que los españoles no podemos acceder, indemnizan con cantidades milmillonarias a los inversores extranjeros por las mismas medidas retroactivas que pasaron sin tacha ante los Tribunales españoles.

Lástima que siempre sean las familias y las pequeñas empresas las que vean truncadas sus expectativas y legítimos deseos de que las normas que les son de aplicación no vivan siempre al borde del abismo, pues el respeto a la seguridad jurídica debiera ser sagrado para todos y no solo para algunos.