Menores como moneda de cambio
Crisis de 'solidaridad institucional' con 18 menores extranjeros no acompañados cuya expulsión ha solicitado el Gobierno autonómico
En Cantabria no hay una crisis migratoria. Hay, con toda claridad, una crisis de solidaridad institucional. Y lo que más duele no es solo la ... ausencia de respuestas responsables, sino la utilización calculada y sin escrúpulos de los más vulnerables como moneda de cambio político. Me refiero, claro está, a los 18 menores extranjeros no acompañados cuya expulsión ha solicitado el Gobierno autonómico, sin informes individualizados, sin garantizar el derecho a ser escuchados, sin humanidad.
Es un hecho tan grave como inaceptable. Y por eso, como Delegada del Gobierno, no puedo ni quiero quedarme en silencio.
Lo que ha hecho el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga –a instancias o por conveniencia con VOX– no es un mero trámite administrativo. Es una declaración de intenciones que vulnera principios básicos del derecho internacional, de nuestra legislación nacional y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los oficios remitidos por el Gobierno de Cantabria, todos idénticos, ignoran por completo la singularidad de cada vida, cada historia y cada necesidad. Son documentos donde solo cambia el nombre del menor, como si fueran piezas intercambiables de un engranaje político. No hay detrás una mirada pedagógica, social ni jurídica. Solo una consigna: utilizarlos como moneda de cambio.
¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿En qué momento se aceptó que el bienestar de 18 menores podía quedar supeditado a un acuerdo político bajo la mesa?
Estos 18 oficios llegaron a la Delegación del Gobierno diez días después de que, en el Parlamento de Cantabria, PP y VOX aprobaran conjuntamente la Ley de Simplificación Administrativa –que abre la puerta a pelotazos urbanísticos– y una moción que pedía la 'reintegración' de los menores migrantes. Esa coincidencia temporal no es casual. Es la constatación de una estrategia conjunta, de un pacto político que se quiere mantener oculto, pero cuyos efectos empiezan a ser claramente visibles.
La presidenta María José Sáenz de Buruaga insiste en negar que haya una coalición de gobierno con VOX. Pero los hechos hablan más alto que los desmentidos: apoyos mutuos, cesiones legislativas cruzadas y una agenda cada vez más alineada con los postulados de la extrema derecha.
Lo que no sabemos –y deberíamos saber– es cuál es el precio exacto de esos pactos por debajo de la mesa. ¿Qué se ha negociado realmente a cambio de aprobar la Ley de Simplificación Administrativa? ¿Por qué VOX, tras anunciar su oposición, cambió de postura?
Tampoco podemos olvidar que una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno autonómico fue echar abajo el acuerdo para rehabilitar el antiguo psiquiátrico de Parayas como centro de acogida.
Aquel proyecto, con una inversión estatal prevista de 30 millones, no solo iba a dotar a Cantabria de una infraestructura moderna y humanizada para la acogida; también iba a generar empleo y reportar 8 millones a las arcas regionales. ¿Qué lógica hay detrás de una decisión que perjudica tanto a las personas como a la economía cántabra? La única respuesta posible es ideológica. Una ideología que rechaza la convivencia y que estigmatiza la diferencia.
No hace falta recordar que la primera ley aprobada por este Gobierno, otra vez junto a VOX, fue la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
Me duele, como cántabra, ver cómo se intenta empañar el nombre de una tierra que históricamente ha demostrado, una y otra vez, una solidaridad ejemplar. Hace apenas tres años, acogimos con los brazos abiertos a más de 2.000 personas procedentes de Ucrania.
¿Qué ha cambiado desde entonces?
La ultraderecha tiene una estrategia. Entre sus tácticas se encuentra el discurso del odio al inmigrante, despojándolo de su humanidad. Con actuaciones como esta, el Gobierno de Buruaga se sitúa en el colaboracionismo.
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