Una democracia maltratada

Los mencionados episodios no cabe detallarlos minuciosamente en un texto breve como este, pero sí se pueden enumerar sumariamente algunos casos. Los más graves guardan relación con el normal funcionamiento de los tres poderes del Estado y sus importantes extensiones en el Tribunal Constitucional, la radiotelevisión pública o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El poder ejecutivo se ha convertido en un ejercicio caprichoso y con reducido control previo de rigor jurídico. Su persistencia se basa únicamente en no presentar una moción de confianza (que podría perder) y tampoco recibir una de censura que tenga visos de éxito. Es un Gobierno incapaz de sacar adelante la ley económica fundamental de cada año, los Presupuestos Generales. Estamos en 2025 con la segunda prórroga de los que entraron en vigor en 2023 pero se habían elaborado en 2022. Para compensarlo malamente, el PSOE ha recurrido a dos usos convertidos en abuso: tirar de decretos-leyes que luego se llevan a convalidar al Congreso, y eludir los controles jurídicos de los proyectos de ley haciendo que sus contenidos se presenten como proposiciones de ley de un grupo parlamentario, escabulléndose así de todos los informes de la Administración y de los periodos de consulta con la sociedad y los expertos. Esta actuación del poder ejecutivo deja sin verdadero debate constructivo al normal procedimiento legislativo.

Por lo que se refiere al poder judicial, los ataques a los magistrados que investigan la interminable lista de corruptelas del PSOE al más alto nivel se han convertido en un automatismo insolente. Este acoso se da no solo desde la organización del partido, sino que a menudo son los propios ministros quienes, al frente de los hooligans, acusan a los jueces de emprender cacerías políticas. Esta escalada ha llegado incluso a una campaña desde las filas socialistas contra la UCO de la Guardia Civil, cuya labor profesional parece que incomoda mucho. Lo del borrado total del teléfono móvil del Fiscal General del Estado pasará, como el aforamiento exprés del responsable de la contratación irregular del hermano del Presidente del Gobierno en Badajoz, a la historia de lo inadmisible. El descaro de estos comportamientos sienta un ejemplo devastador para todos los demás ciudadanos e inflige un daño tremendo a la imagen de las instituciones democráticas.

En cuanto al Tribunal Constitucional, institución esencial, cada vez le queda menos trecho para transformarse en una sucursal del poder ejecutivo, para desgracia de España. Bajo el falso rótulo de «sensibilidades» interpretativas, se cobija una realidad mucho menos amable: la imposición de principios de secta ideológica y el perfumado legal de los trapos sucios del poder ejecutivo y de sus socios de ocasión (algunos de los cuales siguen prófugos de la justicia, pero deciden sobre ella).

La radiotelevisión pública está en entredicho incluso desde su propio Consejo de Informativos. Un remate ha sido la politización de la retransmisión del Festival de Eurovisión. Hay muchos canales en la UE, la OTAN, la ONU, o en las relaciones diplomáticas bilaterales, para ayudar desde España a los palestinos, sin necesidad de convertir un festival de música en un mitin televisivo. TVE no habló de los árabes saharauis abandonados por Pedro Sánchez y el PSOE a la voracidad expansionista de Marruecos, en contra de resoluciones de la ONU para la autodeterminación. ¿Por qué los locutores no hablaron de los saharauis encarcelados, perseguidos, abandonados en medio del desierto? Puestos a politizar, era un momento magnífico de audiencia para abogar por el pueblo del Sahara Occidental y sus pisoteados derechos humanos.

Si no fuese por la profesionalidad del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por la vigilancia democrática de la Unión Europea, y por el contrapeso otorgado por los ciudadanos en las urnas de 2023 al PP en autonomías, ayuntamientos y el Senado, España habría caído ya en un sistema autoritario con una democracia solo de apariencias. Resulta imprescindible, pues, la llegada de Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa, para devolver a la democracia española su vigor y a las instituciones su credibilidad.