La educación, un debate que exige análisis y soluciones

En Cantabria, el inicio de curso ha estado marcado por un conflicto laboral que ha perturbado la normalidad de los centros. Los sindicatos de docentes han convocado varias jornadas de huelga en Infantil, Primaria y Secundaria. El seguimiento, según la administración, ha rondado el 43 % en los colegios y el 28 % en los institutos, aunque los sindicatos elevan esas cifras hasta el 56 % y el 47 % respectivamente. Más allá de la diferencia en los cálculos, la realidad es que el malestar docente se ha hecho visible y los sindicatos anuncian nuevas jornadas de paro que podría perturbar el normal desarrollo de la docencia.

El núcleo de la disputa no está en la subida salarial, porque tras una larga negociación se llegó a un acuerdo, con la condición de que el pacto dependa de la aprobación de los presupuestos autonómicos. Para los sindicatos, esto equivale a dejar en suspenso un compromiso ya negociado. Para modificar una partida tan importante como la de los sueldos de miles de profesores, parece lógico que esa medida se respalde en unos presupuestos generales aprobados por el Parlamento. Llevar a cabo una huelga tras haber logrado un acuerdo en lo más importante, el incremento salarial, se antoja una medida excesiva que perjudica gravemente a los alumnos.

Este pulso se desarrolla en un contexto demográfico particular. El número de alumnos en Cantabria se ha reducido de forma sostenida en los últimos años, mientras que la plantilla docente apenas ha variado. Inicialmente, esta caída permitió bajar las ratios y mejorar la atención individualizada. Pero hoy el equilibrio parece haber alcanzado un límite razonable. Mantener grupos muy pequeños no siempre se traduce en una enseñanza de mayor calidad, pues el aprendizaje también requiere entornos diversos y socialmente más ricos.

Aquí surge un debate de fondo: ¿Cómo adaptar el sistema educativo a una realidad con menos estudiantes? No resulta lógico mantener cada año el mismo número de docentes cuando la cifra de alumnos desciende en miles. El reto es equilibrar. Una parte de la reducción puede usarse para disminuir ratios, pero otra debe destinarse a un uso más eficiente de los recursos públicos, sobre todo en un contexto de presión creciente sobre la sanidad o la atención a la dependencia.

También genera controversia la incorporación de docentes a aulas de menos de tres años. Para algunos, es una apuesta positiva por la estimulación temprana; para otros, supone un lujo difícil de sostener, cuando bastarían perfiles educativos de carácter asistencial. En este punto, la sospecha de que la medida ha servido para sostener plantillas no es menor.

El análisis de la universidad cántabra añade otra capa de complejidad. La dependencia creciente de academias privadas en la formación de grados técnicos revela debilidades estructurales de la docencia pública. A ello se suma el peso burocrático de organismos como la Aneca, cuya lógica evaluadora absorbe tiempo y energías que deberían dedicarse a enseñar e investigar.

La huelga actual tiene además una evidente dimensión política. Los sindicatos sostienen que defienden la dignidad profesional del colectivo; el Gobierno autonómico, dirigido por el Partido Popular, asegura que no puede comprometerse sin un marco presupuestario aprobado. El trasfondo es más amplio: un clima de tensión sindical y partidista que apunta a reproducirse a escala nacional si la derecha alcanza el poder tras las elecciones generales.

Conviene recordar que, en términos salariales, el profesorado cántabro se encuentra entre los mejor remunerados de España, solo por detrás del País Vasco, Ceuta y Melilla. En Secundaria, el sueldo bruto mensual supera los 2.890 euros. Esto no elimina la dureza de la profesión, marcada por la carga emocional, la burocracia y la presión social, pero sí introduce matices en el debate sobre la magnitud de las reivindicaciones.

Mirando más allá de la coyuntura, la educación en Cantabria y en el conjunto de España debe afrontar tres retos. El primero es la gestión racional de los recursos: ajustar plantillas y gasto a la evolución demográfica, sin perder calidad ni equidad. El segundo, la formación continua de los docentes, que debe ser accesible y gratuita para que el profesorado pueda actualizarse sin que suponga una carga económica. Y el tercero, la convivencia equilibrada entre la red pública y la concertada, que en Cantabria escolariza a más del 27 % del alumnado. Esa dualidad solo puede sostenerse si se regula con criterios de equidad y sin fomentar la segregación.

Al margen de cifras y porcentajes, la prioridad debería ser el desarrollo integral de los alumnos. Formar ciudadanos críticos y comprometidos no puede depender de la pugna partidista ni de los intereses de un colectivo. Para ello se necesita diálogo real, planificación a medio plazo y un compromiso sostenido con la educación como bien común.

Porque lo que está en juego en Cantabria no es solo el presente de unos presupuestos, ni el resultado de una negociación sectorial. Es el futuro de quienes hoy se sientan en las aulas y mañana tendrán en sus manos la responsabilidad de sostener nuestra sociedad.

Firman este artículo los siguientes socios de Foramontanos Siglo XXI: Alberto Antolín; Ramiro Bedia; Carmen Carrión; Daniel Casanova; Manuel Ángel Castañeda; Carlos Casanueva; Lucía Casanueva; Enrique Conde; Ana Correa; Alberto Cuartas; Francisco Díez Iglesias; Carlos Fernández-Lerga; Tomás Ramón Fernández; Alberto Fernández de la Pradilla; Fernando García Andres; Eduardo González-Mesones; Ignacio Herrán; Emiliano Martínez; José García-Morales; Mercedes Ortega; Juán Manuel Pérez de Guzmán; Ramón Pérez-Maura; Gervasio Portilla; Rafael Puyol; Julio Rama; Carlos J. Rodríguez; Eduardo Rodríguez Rovira; Ignacio Rosales; Carmen Sáiz Ipiña; Javier Santacruz; José Antonio Suarez; Marisol Ugarte; Juán Ramón Vega; Eduardo Zúñiga.