La deflactación que no termina de llegar
Para atraer inversiones es fundamental deflactar todos los impuestos, no sólo el IRPF, sino muy especialmente aquellos que más impactan sobre la actividad empresarial
Foramontanos Siglo XXI
Jueves, 24 de julio 2025, 07:07
Tras la campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2024, detectamos una preocupante falta de ambición del Gobierno de Cantabria en la ... corrección de todos los impuestos por la inflación acumulada especialmente en los últimos ocho años, la cual ha llevado a los contribuyentes cántabros a pagar más de lo que les correspondería. Las primeras señales emitidas por el Ejecutivo presidido por María José Sáenz de Buruaga fueron positivas en este aspecto, produciéndose una primera corrección de bases y tipos del IRPF en 2024, la cual ya hemos notado en esta declaración.
Sin embargo, esta senda de ajuste del IRPF no ha continuado en 2025. Tanto los políticos gobernantes como sus apoyos parlamentarios deberían explicar por qué no se ha seguido con la eliminación, siquiera progresiva, del efecto que tiene la inflación sobre las bases, tipos, reducciones y deducciones de cada impuesto total o parcialmente cedido a Cantabria. Tal como se encarga de recoger el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, las únicas modificaciones que ya están en vigor para 2025 aprobadas por la Ley de Cantabria 3/2024, de 23 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas, afectan a cuestiones muy concretas (traslados de vivienda habitual, arrendamientos o una muy prometedora como es la deducción del 20% del importe de la inversión productiva de un contribuyente que no es residente en España y que pasa a serlo en Cantabria) y no suponen un beneficio general directo para el territorio.
Esta desmovilización de la Hacienda cántabra en cuanto a la deflactación del IRPF es común a otras regiones. Ganar las Elecciones autonómicas en 2023 fue un revulsivo para los Gobiernos donde se produjo un cambio de signo político, a lo cual se unió lo peor de la crisis inflacionista cuando los precios subían más de un 8% provocando una subida sin precedentes de la factura fiscal. Sin embargo, una vez estabilizados los nuevos Gobiernos y la relajación en el crecimiento de los precios durante 2024, el incentivo reformador se ha desinflado notablemente.
Cierto es que las haciendas autonómicas tienen encima de la mesa dos fuentes no menores de incertidumbre sobre sus ingresos: por un lado, al no haber Presupuestos Generales del Estado actualizados, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica se basan en un componente discrecional cada vez mayor por parte del Ministerio de Hacienda. Y, por otro lado, la condonación (o no) de una parte de la deuda que las autonomías tienen con el Estado afecta a la capacidad real de endeudamiento y, por tanto, de obtención de recursos vía mercado.
El punto a favor en el caso de Cantabria es que sí hay Presupuestos para 2025, lo cual da más certidumbre y confianza a las decisiones de su actual Gobierno. Precisamente, en este marco de mayor estabilidad diferencial frente a las regiones limítrofes y al Estado se genera un enorme espacio para que el Gobierno cántabro no se preocupe tanto por su recaudación y redoble esfuerzos en dos ámbitos prioritarios: 1) la atracción de inversiones para anchar las bases imponibles a medio y largo plazo y 2) ser más ambiciosos en la eficiencia del gasto público a través de la simplificación administrativa.
Para atraer inversiones es fundamental deflactar todos los impuestos, no sólo el IRPF, sino muy especialmente aquellos que más impactan sobre la actividad empresarial como Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones o los tributos municipales. En este sentido, deflactar las valoraciones sobre las que se asienta el cálculo de los impuestos junto a la corrección necesaria en función del grado de liquidez de los activos es fundamental para garantizar la libre movilidad del capital y, con ello, generar proyectos de inversión, crecimiento económico y empleo en cualquier lugar del territorio donde se detecte una ventaja competitiva.
A ello se suma la necesaria racionalización de la burocracia, de manera que los trámites dejen de suponer un coste que puede llegar a ser inasumible. En una región de pequeños negocios, con propiedades basadas en bienes raíces, con fuga continua de talento y cada vez más dependiente del consumo exterior (por ejemplo, el turismo) es urgente adecuar la Administración mediante un 'principio de proporcionalidad' semejante al que la Unión Europea está impulsando desde principios de este año con la 'Brújula de la Competitividad': menos trámites, más comprensibles y correctamente dimensionados a quienes tienen que cumplirlos.
A una pequeña empresa o a una familia media no se le puede hacer acarrear con las mismas exigencias que a una gran empresa. Pero tampoco a un grande se le deben incrementar aún más las cargas que soporta, sino todo lo contrario. En suma, tenemos unos meses para aterrizar un planteamiento más ambicioso tanto de deflactación como de simplificación normativa. Debemos intentar enmendar el enfriamiento reformista y retomar la senda de la adecuación de la carga fiscal a la generación real de riqueza de los cántabros para que esto sirva como motor de atracción de inversiones.
Firmantes
Javier Santacruz (Economista); Alberto Antolín; Ramiro Bedia; Carmen Carrión; Carlos Casanueva; Manuel Ángel Castañeda; Daniel Casanova; Alberto Cuartas; Enrique Conde; Francisco Díez Iglesias; Javier Doménech; Antonio Eraso; Alberto Fernández de la Pradilla; Carlos Fernández-Lerga; Tomás Ramón Fernández; José García-Morales; Eduardo González-Mesones; Mercedes Ortega; Juan Ramón Pérez de Guzmán; Gervasio Portilla; Julio Rama; Pedro Rivero; Carlos J. Rodríguez; Eduardo Rodríguez Rovira; Ignacio Rosales; Marisol Ugarte; Juan Ramón Vega y Eduardo Zúñiga.
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