Golpe de mano al Consejo Escolar

Se inicia nada más y nada menos que el trámite de un anteproyecto de ley. Una modificación legislativa destinada a incrementar el número de representantes de la Administración educativa en el Consejo Escolar. Dice la Consejería que, con esa medida, pretenden reforzar los consensos en el seno de la comunidad educativa, «tomando en consideración el sentir de todos los miembros del Consejo Escolar de Cantabria, hecho que permite una mayor estabilidad y durabilidad en las decisiones del citado órgano». No nos pueden engañar. No es una adaptación a la realidad educativa. Es un ataque frontal tanto al equilibrio representativo de esta institución, como a los fines de la misma; una manera de controlarla y dominarla contra la naturaleza autónoma e independiente con que fue creada. La modificación del Consejo que ahora se propone persigue vencer, ganar por mayoría; exactamente lo contrario de lo que significan los acuerdos y consensos. La imposición de mayorías acabará precisamente con la búsqueda de consensos.

¿Es necesario que la Administración educativa incremente su representación en el Consejo porque la normativa actual impide tomar en consideración el «sentir de todos los miembros del Consejo» para alcanzar acuerdos y consensos? ¿El Acuerdo por la Educación en Cantabria o el Informe sobre el nuevo modelo de calendario, pongamos como ejemplos, no han sido posibles con la composición, organización y funcionamiento actuales; y no recogían el sentir de todos los miembros de la comunidad educativa cuando se alcanzaron por unanimidad?

El Consejo Escolar no es un brazo de la Consejería de Educación, no está en el organigrama de la misma. Es un órgano autónomo para asesorar a la Administración en temas y asuntos educativos relevantes; que además debe ser consultado, preceptivamente, en una serie de casos, aunque sus dictámenes no sean vinculantes para la Consejería. Por tanto, ¿qué se pretende realmente al incrementar el número de representantes de la misma? ¿Conseguir una mayoría vencedora? ¿Acallar la posible crítica o discrepancia? ¿Hurtar debates más profundos sobre temas educativos aplicando un control excesivo? ¿Asegurar que el Consejo emita informes favorables a todo lo que la Administración educativa pretenda?

El cambio normativo que se quiere llevar a cabo es burdo y torticero; su verdadera intencionalidad es inconfesable por parte de quienes lo proponen. La justificación que se utiliza resulta una falacia. Es, simple y llanamente, una manera de colonizar el Consejo para que la Administración lo controle plenamente. Aunque la actual Consejería de Educación haya casi duplicado el número de inspectores, asesores y personal de confianza, no se necesitan más personas de la Administración en el Consejo para un mejor funcionamiento.

A lo largo de los 25 años de vida del Consejo, se ha puesto de manifiesto su funcionamiento adecuado; ciertamente, con momentos mejores y peores, más y menos activos o intensos; con un grado de utilidad mayor o menor a la sociedad, la educación y a la comunidad educativa de Cantabria. Pero, con toda seguridad, mostrando una organización y funcionamiento equilibrados y con una representatividad que no había sido puesta en cuestionamiento hasta ahora. Tiene una estructura perfectamente adecuada para la sociedad y los tiempos en que vivimos; con representación suficiente de la Administración, profesorado, familias, alumnado y municipios; así como de otras organizaciones sociales y económicas, vinculadas a la educación. La estructura, organización y funcionamiento establecidos por la normativa existente han sido útiles y han servido a la educación y a la comunidad educativa de Cantabria. Con ello, como se ha visto, ha sido posible conseguir grandes consensos. El Consejo ha demostrado sobradamente su funcionalidad, eficacia y capacidad de diálogo y consenso.

En el Foro de Educación Cantabria pensamos que la adecuación del Consejo Escolar a las características de la sociedad en que vivimos, cada vez más polarizada y radicalizada, no pasa por este cambio normativo que se propone. Lo imprescindible es incrementar y mejorar, en el seno del mismo, una participación, lo más diversa y plural posibles, de los diferentes colectivos, grupos, asociaciones, organizaciones, etc., que quieran hacerlo en beneficio de la educación de Cantabria. Esta participación, que ya se recoge en la normativa actual, debe ser impulsada por el Consejo con nuevo ímpetu, potenciando el clima de contraste, diálogo y escucha de unos a otros para llegar a acuerdos relevantes, que beneficien y sean útiles a toda la educación de Cantabria.

Todo ello se puede y debe conseguir a través de los mecanismos ya establecidos en la normativa existente, que lo permiten ampliamente. El Consejo Escolar de Cantabria debe ser autónomo, abierto y plural; no puede transformarse, mediante los cambios propuestos, en un instrumento subordinado a la Administración educativa. En ese caso, podría sobrar el Consejo.