Desde otra generación

Soy parte de una forma muy modesta, de la generación tapón, acusada de impedir la incorporación a la política de personas más jóvenes, pero hace tiempo que nos colocamos o nos empujaron a un lado y son otros los que han ocupado nuestros espacios. Es lógico que nuevas generaciones asuman responsabilidades de gestión, pero no es bueno simplificar lo que es complejo.

Pero no nos nieguen el saludo, no nos digan que guardemos respetuosos silencios, no nos arrinconen para evitar oír nuestras opiniones. Esa generación de la que formo parte somos mayores y quizá un poco antiguos, pero tenemos opiniones y el derecho a hacerlas públicas. Si no se comparten pedimos al menos que se respeten.

Hoy somos pensionistas, gracias al Estado de Bienestar que implementamos en su día; somos población de riesgo que esperamos vacunarnos, pero no renunciamos a lo que fuimos y manifestamos nuestro criterio sobre lo que hacen otros y no abandonamos nuestra capacidad de coincidir o discrepar. Por ello, puedo hoy repetir que no me gusta el acuerdo del PSOE con ERC y Bildu para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2021; que estoy hasta el moño de oír que se mantiene la pervivencia de un gobierno social-comunista con apoyos de filoetarras; que me cansa el exhibicionismo de Iglesias y Podemos; que me inquietan las discusiones en el interior del Gobierno y que me harta la izquierda abertzale en su intento de romper el protagonismo e influencia de un PNV hábil negociador en todas las circunstancias.

Pero también me resulta muy agotador escuchar al PP y a sus voceros lo de «presupuestos que son la ruina para España»; «el Gobierno pacta con los herederos de ETA», «España es un país a la deriva»... La política tóxica solo conduce al deterioro de la política y por ahí se avanza hacia el deterioro del espacio público de convivencia.

Prefiero sumarme a la defensa que el PSOE hace de la Constitución, de la unidad de España y sus singularidades autonómicas, de la Monarquía parlamentaria, de las libertades y derechos civiles, de su compromiso con la igualdad. Desde la victoria electoral del año 1982, el PSOE ha sido el partido más comprometido con la construcción institucional de la España democrática. Si el PP es un partido de Estado, ¿por qué no acepta negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Frente a la necesidad de acuerdos, se elige la reivindicación de la peor tradición española, la tradición cainita.

Si para Podemos los acuerdos del gobierno de coalición con ERC y Bildu forman parte de un 'compromiso histórico' y suman una mayoría con vocación de permanencia y expresión de su éxito político, para otros reflejan una política frentista desagradable. Esos acuerdos serían más aceptables si todo el conglomerado de Bildu rechazara los homenajes públicos a los etarras que salen de cárcel y regresan a sus pueblos, si ERC renunciara a rupturas que rechazan la existencia de derechos políticos de la mitad de los catalanes. ERC dejó caer las cuentas públicas presentadas por Pedro Sánchez en 2018 y en mayo de 2020 votó en contra de prorrogar el estado de alarma.

Aspiro y deseo que la derecha del PP, tan patriotra que se dice, se comporte en defensa de los intereses nacionales, renuncie a la defensa de la señora Ayuso como oposición al gobierno de España haga lo haga y proponga lo que proponga, y que se nos diga si la referencia para un Pablo Casado desorientado y amante de lo identitario es el gobierno templado de Andalucía o el castizo madrileño mesetario y populista.

Desde mis trienios no me resulta fácil aceptar el calificativo de 'progresistas' aplicado a Rufián, Otegui o Iglesias. El progresismo es la defensa universal de todos los derechos civiles, políticos y sociales, sin que esa defensa pueda fragmentarse. Acepto que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es un síntoma de estabilidad y pone fin a las prórrogas de los presupuestos del PP con la firma del Ministro Montoro. Pedro Sánchez ha sumado 180 votos para la aprobación de esos Presupuestos, cuando en la moción de censura de mayo de 2018 sumó 169 y en la investidura de enero de 2020 alcanzó los 167.

Lo que importa ahora es que el PSOE defienda la decencia en la acción pública y sea capaz de gestionar el apoyo recibido de 11 partidos y que ello no suponga poner en cuestión el ordenamiento territorial establecido en la vigente Constitución.

Pedro Sánchez y el PSOE junto con Pablo Casado y el PP, tienen la responsabilidad de evitar que se consagre el frentismo como fórmula de hacer política en España y evitar una deriva política nociva para los intereses de una mayoría que no se identifica con una política polarizada en exceso. La gente espera políticas menos doctrinarias y más respuestas que mejoren sus condiciones de vida.