La cuenta de la vieja
En realidad, lo que enmarca la quita de la deuda autonómica son las necesidades y estrategias del sanchismo
Se acude con frecuencia al «II Tratado del Gobierno Civil», de John Locke, para justificar la obligación ciudadana de financiar el gobierno. Pero suele omitirse ... que el padre del liberalismo vincula esa obligación al asentimiento, «porque si alguien reclama el poder de imponer y recaudar impuestos al pueblo, por su propia autoridad y sin el consentimiento del pueblo, invade con ello la ley fundamental de la propiedad y subvierte la finalidad del gobierno».
El pasado día 2 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para la asunción de parte de la deuda de las comunidades autónomas, una propuesta de condonación sin precedentes que asciende a 83.252 millones y se justificó por la necesidad de compensar el sobreendeudamiento de las CC AA, debido a la pandemia y la guerra de Ucrania, a fin de sanear sus finanzas y propiciar su acceso a los mercados de deuda. El rescate financiero mediante el Fondo de liquidez Autonómica (FLA) no puede perpetuarse.
La vicepresidenta Montero aseguró que la medida beneficia a todas las comunidades y no perjudica a ninguna. Para garantizarlo, en la determinación de las cantidades se habrían aplicado criterios estrictamente técnicos. Montero recordó además que atenerse a la quita es voluntario, pero no sin preguntarse, con la ironía de quien cree tener una mano ganadora, «¿quién va a decir que no a que se perdone parte de su deuda?». Lo cierto es que este anteproyecto nace sin el concurso de la mayor parte de las CC AA, sino más bien con su oposición, y sin atender las principales recomendaciones recogidas en la nota informativa, que publicó en febrero pasado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Los ciudadanos somos los que pagamos con nuestros impuestos los intereses de la deuda contraída por nuestros gobernantes. En 2024, de la monstruosa deuda pública de 1.620.569 millones, le correspondían a cada español 33.010 euros; digo «correspondían» porque está desbocada y supera ya los 1.691.000. La deuda autonómica con el FLA es deuda de las CC AA con el Estado que la condonación parcial propuesta convierte en deuda estatal; por lo que no afecta a la deuda pública de España, pero si a su distribución per capita. Es decir, la deuda de cada ciudadano no desaparece, pero si se modifica, incrementándose para la mayoría en beneficio de una minoría. Nos lo muestra la cuenta de la vieja con datos de los profesores Rodríguez Sánchez y Rubio Guerrero.
Si el Gobierno de Cantabria se acogiera a esa medida sanchista, su deuda per capita pasaría de 5.440 a 5.881 euros, es decir, se incrementaría en 441 euros para cada cántabro. Si la medida se generalizara a las CC AA, la mayoría incrementarían su deuda per capita, por ejemplo, Madrid en 594 euros, La Rioja en 436, etc.; y las menos obtendrían una reducción, por ejemplo Castilla La Mancha de -509 euros, Andalucía de -359, Cataluña de -294 o Valencia de -249.
Y tampoco es justa la distribución territorial del ahorro de los intereses de la deuda, pues algunas comunidades consiguen cantidades considerables, como Cataluña (716 millones) o la Comunidad Valenciana (724), mientras los importes son muy inferiores en otras como Canarias (111) o Asturias (201). La reducción de la deuda no libera dinero transferible sin más a otras partidas, y sólo si alcanza un montante suficiente permite replantear la financiación y mejorar servicios públicos esenciales.
Además de injusto, ese anteproyecto es un despropósito en sí mismo. Ángel de la Fuente ha insistido en que una quita de deuda es de suyo una mala idea, porque premia y promueve la tendencia a endeudarse. Se convierte además en algo aberrante, según éste experto, cuando está mal calculada y no pone condiciones. Pues una quita incondicional a lo que apunta es al aumento de la deuda. Las mismas observaciones, con más precisiones, se encuentran en la nota informativa de la AIReF, en la cual se aclara de entrada que semejante condonación debería desarrollarse en el marco de una reforma general del sistema de financiación autonómica, que no existe.
En realidad, lo que enmarca esta quita de deuda autonómica son las necesidades y estrategias del sanchismo. Ante todo se atiende al saneamiento financiero de Cataluña, cuya deuda asfixiante impide la puesta en marcha de su hacienda propia y los demás proyectos soberanistas, comprometidos por el PSC-PSOE con ERC y Junts. Y de paso se prepara el desembarco socialista en las próximas elecciones autonómicas de Andaluza y de la Comunidad Valenciana.
Sería una irresponsabilidad ciudadana asentir a este anteproyecto de ley, pues aborda de manera injusta los problemas de financiación de las CC AA, condiciona para mal la posterior reforma del sistema y no pone las condiciones que requiere el control de la deuda pública.
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