Qué España laica

Las cifras de 'Global Religion 2023', por ejemplo, indican una nueva caída del porcentaje de ciudadanos españoles que se identifican como 'católicos' (44%), y un ligero repunte del número de los que lo hacen como 'no religiosos' (43%), 'cristianos' (5%), 'musulmanes' (2%), 'judíos', 'budistas', 'hinduistas', etc. En otras palabras, en España conviven ciudadanos de religiones y credos diversos, y no cabe hablar de desaparición de la religión, ni de pluralismo cristiano, sino de diversidad religiosa. Como tampoco son laicistas todas las sensibilidades no creyentes.

El Estado español no es confesional, pero garantiza la libertad religiosa y de culto y «la formación religiosa y moral» de acuerdo con las convicciones de los padres. Así que compete a los poderes públicos, según nuestra Constitución, establecer «relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones» (art.16.3). Los primeros acuerdos de colaboración estatal en materia de religión se firmaron con la Iglesia católica, en enero del 79, impulsados por el segundo gobierno Suárez; su tercer gobierno fue el que promovió la Ley orgánica de libertad religiosa 7/1980.

Pero fue con gobiernos Felipe González, que la Iglesia empezó a autofinanciarse a través del IRPF y se aplicó a las religiones minoritarias esa ley de libertad religiosa, que contempla la cooperación estatal con las entidades religiosas legalizadas y arraigadas en España. Debidamente asesoradas, las religiones minoritarias solicitaron con éxito la declaración de «notorio arraigo en España» y establecieron interlocutores válidos. El resultado fueron los acuerdos del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comisión Islámica de España (CIE), aprobados por ley en noviembre de 1992.

Cabe pensar maliciosamente que esas leyes nacieron del mito de las tres culturas como una estupenda celebración en el año del V Centenario, pues por un lado el Estado no las dotó de financiación adecuada y, por otro, FEREDE, FCJE y CIE no son iglesias, ni siquiera confesiones o cultos unitarios, sino entidades creadas ad hoc para esos acuerdos. Sin embargo, la llegada masiva de población inmigrante y la colaboración desarrollada en los últimos 30 años han consolidado esos acuerdos, que son básicos para implementar el desarrollo legal en materias como el culto religioso y sus lugares, la asistencia religiosa en el ejército y en los centros hospitalarios y penitenciarios, la enseñanza religiosa en centros docentes, la celebración de festividades, etc.

Dicho sea de paso, la formación religiosa y moral, conforme a la legislación LOGSE y posterior, empezó a hacerse efectiva con la religión católica mayoritaria, pero no llegó a consolidar un modelo propio, entre otras cosas, por la oposición del laicismo. Esa legislación se ha empezado a aplicar hace dos décadas a la religión musulmana en las autonomías donde se demanda. La educación religiosa es imprescindible para la integración social y política de la población musulmana, que ha venido para quedarse y supera ya los 2,5 millones; y no parece recomendable delegar esta materia en países árabes, que utilizan la emigración para sus propios intereses económicos o políticos, incluso para promover sus aspiraciones soberanistas sobre territorios de influencia española o que pertenecen a España.

El primer gobierno Zapatero dio un nuevo enfoque laicista a la administración de la libertad religiosa y, por la Ley de presupuestos 2006, elevó al 0,7% el porcentaje de la asignación tributaria a la Iglesia. En 2005 puso en marcha la Fundación Pluralismo y Convivencia, para subvencionar los acuerdos de colaboración con FEREDE, FCJE y CIE, y gestionarlos, por mor de la convivencia, como si las religiones minoritarias fueran una diferencia ideológica del ámbito sociocultural. Esa Fundación, que se mantuvo durante los gobiernos Rajoy, renovó estatutos en 2021 y pasó a depender del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del ministro Bolaños. Ahora subvenciona directamente esos acuerdos y los gestiona diluyendo el hecho religioso en una red cada vez más heterogénea de proyectos.

En esta España nuestra, es ciertamente un hecho la convivencia entre católicos, cristianos, judíos, musulmanes, etc., liderados por sus respectivas iglesias, confesiones o comunidades. Y no la favorece precisamente una gestión de los acuerdos estatales con esas entidades, como la presente, que se está desarrollando conforme al modelo laicista, burocrático y autosatisfecho, de una izquierda que ha convertido el dominio de la cultura y de la educación en centro de su estrategia política.