Esas turbias aguas

En el presente, la propaganda del PSOE y del Gobierno de España pretende justificar su estrategia de marginación política del PP y de Vox, haciéndonos creer que la opción política de la ciudadanía española es Pedro Sánchez o los herederos del franquismo; dicho de otra manera, que los radicales de izquierda de su coalición y sus socios independentistas son la única oposición democrática. Pero sin éxito, pues no puede ocultar la consecuente deriva autoritaria, de la que son signo inequívoco las turbias aguas de la Administración General del Estado.

De falta de transparencia administrativa habla el largo silencio, por supuestas complejidades técnicas, que mantiene el Ministerio de Transición Ecológica en torno a las causas del histórico apagón de España el pasado 28 de abril. El ecologismo forma parte de la mentalidad utópica de la nueva izquierda, por decirlo en términos de Mannheim, y convertir la transición del sector de la energía en una transición ecológica, sometiéndola a una teleología y una agenda utópicas, puede alterar el peso de los factores y los tiempos del proceso con consecuencias no deseadas. ¿Se está teniendo en cuenta que las transiciones tecnológicas se pilotan tecnológicamente? No le va a resultar fácil a la ministra Sara Aagesen conjugar los intereses en conflicto de los implicados en el desastre, ni contentar a una opinión pública que espera explicaciones contrastables.

Otra muestra de administración turbia es la gestión de la crisis de los menas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones empezó planteando un reparto de los menores conforme a criterios, compartidos con Cataluña y el País Vasco, e impuestos al resto de las Comunidades Autónomas que se opusieron por ello al procedimiento. Recientemente, días después de que el PSOE y Junts sellarán sus acuerdos sobre la delegación de competencias estatales en materia de inmigración a Cataluña, el Gobierno implantó su solución por Real Decreto-ley 2/2025, de atención urgente a los menas en situaciones de contingencia extraordinaria. Este decreto-ley, que fue aprobado en el Parlamento el pasado 18 de marzo por los grupos del Gobierno, de sus socios catalanes y vascos y de Podemos, es un patrón de autoritarismo y falta de transparencia administrativos que traerá cola.

Una opacidad administrativa semejante aparece también en el caso de la Oferta Pública de Adquisición de acciones del Banco Sabadell, lanzada por el BBVA el 9 de mayo del 2024. Esta OPA no es cuestión baladí en nuestro sistema financiero y pasó los requerimientos del Banco Central Europeo, la Comisión Europea, la CNMV y la CNMC. Con todo, el Gobierno de España realizó una consulta pública, que se desarrolló sin garantías, ni credibilidad, entre el 9 y el 16 de mayo, recabando criterios de interés general que pudieran verse afectados por la operación. Pero lo de menos eran los resultados no vinculantes de la consulta, que fue organizada más bien para justificar, ante esas instituciones y los inversores, la insólita decisión de elevar esa OPA al Consejo de Ministros.

Lo que llama nuestra atención aquí es lo sórdido de esa consulta sin precedentes, que lleva a pensar en intereses espúrios. A nadie se le escapa, que nuestro Gobierno socialista, sostenido por Junts, identifica los intereses del Gobierno catalán PSC-PSOE/ERC con los intereses generales de Europa y España; como para su socio Sumar los intereses de los trabajadores por cuenta ajena son los intereses de la economía sin más, también de los autónomos y las pymes. Más aún, semejante consulta invita a preguntarse, si estamos ante una estrategia de banalización de las consultas populares, preparatoria de «la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya», prevista en los pactos PSOE-Junts de investidura de Sánchez. Es bien sabido, que las consultas populares pueden convertirse en instrumentos de los líderes populistas para justificar su agenda o consolidar su poder.

Intereses partidistas, negociaciones ocultas y secretismos están a la orden del día en los procedimientos de la administración general. Y estas turbias aguas seguirán subiendo con este gobierno, pues tienen su origen en la incapacidad de consensuar legislación de interés general, a que le ha conducido su ruptura con el bipartidismo, su radicalismo utópico y su procès(o) federalista al margen de la Constitución vigente.