Un Gobierno que hace más difícil la vida de la gente

Una primera prueba ya la hemos tenido en la brutal escalada de la factura de la electricidad y de los combustibles con los que llenamos el depósito de los vehículos, y que serán cada vez más caros debido al impuesto sobre el diésel y otras decisiones que se vienen anunciando con la excusa de la transición ecológica, pero que no son más que una «transición recaudatoria». Tanto el uso de aire acondicionado en verano como de la calefacción en invierno se verá afectado por este gran encarecimiento del suministro energético a los hogares (y también a las empresas).

Además, el Gobierno está preparando normativas para cobrar peaje por el uso de las autovías, alegando que así refuerza los presupuestos de mantenimiento. Para Cantabria, resulta especialmente molesto que, habiendo sido la última comunidad autónoma en tener unos enlaces decentes de autovía, sea de las primeras en empezar a pagar. Tengo que recordar que la opción de una autopista de peaje entre Astillero y Torrelavega por Renedo fue descartada por el PSOE, en favor de la A-8 Torrelavega-Solares, con el argumento de que tenía que ser «de uso gratis». Pues bien, aquello retrasó años y años las obras, le costó muchos millones al contribuyente y al final habrá... también peaje por usar la A-8. Se ha perdido tiempo y dinero sin ningún sentido. Al parecer, el Gobierno Sánchez considera que los muchos impuestos que paga un vehículo a lo largo de su ciclo de uso, más los que pagan los turistas que repostan en España cuando la recorren, no son suficientes para los asfaltados. Pero, por otro lado, ellos mismos han estado «liberando» demagógicamente autopistas de peajes para convertirlas en «gratis», como la AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro. Mayor incoherencia es difícil de ver.

Por otro lado, en la negociación con los independentistas catalanes y otras fuerzas políticas, y bajo el engañoso eufemismo de armonización fiscal, se dejará a Cantabria sin autonomía para decidir su impuesto de Sucesiones y Donaciones, aunque sea un tributo cedido a la comunidad, y además se producirá una gran subida en lo que tienen que pagar viudas y huérfanos por recibir pequeñas herencias fruto de esfuerzos familiares de toda una vida. A la injusticia manifiesta de este proceder se une ahora la saña recaudatoria, que perjudicará sobre todo a mujeres pensionistas y a hijas o hijos que necesitarían el ahorro familiar para superar situaciones difíciles en sus carreras o para desarrollar proyectos de emprendimiento.

A esto se unirá un verdadero «catastrazo» que prepara Sánchez: afectará también al impuesto de Sucesiones (haciéndolo aún más injusto) y al de Patrimonio, así como a todo lo que dependa del cálculo al alza del valor de un inmueble. Es un verdadero atropello que no va a perjudicar a los grandes propietarios, sino a las familias medias.

Asimismo, el Gobierno va a subir el IRPF, va a prohibir de hecho a los españoles que usemos nuestro propio dinero al impedir que se puedan hacer pagos en metálico superiores a 1.000 euros (por lo que nos obligan a utilizar medios de pago bancarios que tienen costes asociados por tarjetas, transferencias y otros adicionales, costes que también llevan incluidos impuestos a las actividades financieras).

Y, además, por citar solo otro ejemplo de lo que se le viene encima a un hogar cántabro medio, los socialistas quieren recuperar a todo trapo la subida del impuesto de matriculación. Esto hará que los hogares deban comprar vehículos de gamas más altas y nuevas tecnologías, lo que significan que estarán más meses pagando los correspondientes créditos o metiéndose en unos sistemas de «renting» más onerosos.

Es decir, en vez de apoyar la actividad empresarial y el ahorro y consumo de las familias, el Gobierno se arrojará como un buitre sobre la España productiva y doméstica para sacarle todos los euros que pueda. Con ello financiará ministerios inservibles, más altos cargos directivos y cargos de confianza que los que nunca ha habido en la historia de la democracia, y hará concesiones muy costosas a los independentistas y soberanistas de los que depende su permanencia en La Moncloa.

Lógicamente, en estas condiciones la recuperación económica se va a notar muy limitadamente en las familias, pues mucho de lo que se gane por la reactivación se va a perder por las subidas de impuestos. De hecho, para quienes hayan mantenido su empleo y salario en estos tiempos de pandemia, las pérdidas de renta disponible están garantizadas. Esos hogares van a tener menos capacidad adquisitiva.

A mí personalmente no me parece bien que, tras una depresión económica y del empleo tan seria como la que venimos registrando en España, el Gobierno se obsesione en empobrecer al ciudadano. Como cántabro, me parecería indignante que para contentar a Oriol Junqueras se imponga a la fuerza sobre nuestros hogares un abusivo Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y que la autonomía fiscal de Cantabria sea arrastrada por Las Ramblas.

Si la ciudadanía quiere evitarse todo este severo apretón fiscal que ya empieza a ahogar los bolsillos más modestos, no tiene más solución que protestar y hacer saber al Gobierno que esta ofensiva expropiatoria y saqueadora tendrá respuesta clara y democrática.