Fuego

Es por ello que, aunque suene a conocido por mil veces repetido, hemos de convenir, haciendo uso una vez más de nuestro refranero, que más vale prevenir que lamentar. Pues bien, si todos estamos convencidos de que esto es así, ¿por qué nunca se toman las medidas pertinentes? La respuesta, no me cabe ninguna duda, es muy sencilla: por intereses económicos y seudo-políticos espurios.

Puesto que la ciencia pone de relieve que los fenómenos de calor extremo que estamos viviendo son consecuencia de la crisis climática que, de una forma u otra, afecta a todo el planeta, lo lógico sería luchar contra ella con todos los recursos disponibles. Si no se hace así, y a juzgar por los fracasos reales de todas las cumbres climáticas es evidente que no se hace así, la explicación recae tanto en los intereses de muchas grandes corporaciones (vinculadas sobre todo a la explotación de recursos energéticos fósiles) como de numerosos gobiernos: las primeras para seguir manteniendo sus enormes beneficios tanto cuanto sea posible y los segundos para, pretendidamente, favorecer programas de desarrollo económico acelerado y, en ambos casos, aun a costa de destruir el planeta. Estoy convencido de que si la transición energética hacia una economía verde no se hace más de prisa no es por cuestiones de tipo técnico sino económico. Y, en este terreno, el corto plazo, el aquí te pillo aquí te mato, siempre se lleva el gato al agua.

En cuanto a la desidia de las administraciones en todo lo que tiene que ver con la prevención y lucha contra el fuego, la explicación discurre, en esencia, por los mismos derroteros. Puesto que los recursos disponibles son siempre limitados, y las necesidades sólo surgen de cuando en cuando, aunque cada vez con más frecuencia y virulencia, tiene sentido, se entiende que para los políticos que no ven más allá de sus propias narices, reducir la inversión (quizás porque piensan que la misma es más un gasto que una inversión) en la protección 24/7/365 de nuestros bosques y espacios naturales. Lo curioso es que, ni aún con esa visión cortoplacista del asunto salen las cuentas a las administraciones, pues, a tenor al menos de la información suministrada por los medios, los gastos en indemnización, limpieza, recuperación de espacios calcinados, etc., etc., sobrepasan con creces a los ahorros que se derivan del hecho de no contar con los medios materiales y humanos necesarios para la lucha, profesional y con garantías, contra los incendios.

El tercer elemento que se ha aliado con los dos ya comentados para provocar la tormenta perfecta es, claro está, la avaricia de todos aquellos que hacen del fuego su negocio. Y aquí hay que reconocer que, por mucho que la ley ponga cada vez más difícil el aprovechamiento directo e inmediato de la superficie quemada, sigue habiendo muchas formas de saltársela a la torera (por «interés público», porque el terreno es necesario para construir infraestructuras clave, por la existencia de planes urbanísticos aprobados antes de producirse el incendio); en numerosas ocasiones, si no en todas, con la connivencia de las propias administraciones públicas, que, como en el caso del lucrativo negocio de apagar incendios, proporcionan un ejemplo claro de lo que nunca debería ser la colaboración público-privada.

Por si todo lo expuesto no fuera suficiente, es obvio que las diferencias políticas entre los tres niveles de la administración han contribuido de forma decisiva a hacer que la tormenta, más que perfecta, haya sido pluscuamperfecta. La falta de entendimiento entre las mismas hace que, aparte de culparse unas a las otras, y ninguna reconocer su cuota de responsabilidad, no se empleen todos los medios disponibles en la lucha contra el fuego o se utilicen con excesivo retraso. Justo lo contrario de lo que se necesita.