Pensiones sostenibles, ratio de dependencia y caja común

El asunto en cuestión funciona un poco como los ojos del Guadiana; de vez en cuando salta a la palestra y hasta es motivo de fuertes enfrentamientos políticos, pero, con frecuencia, se encuentra oscurecido por otros más urgentes como, por ejemplo, los tres antes mencionados.

Para dejar las cosas claras desde el principio, es preciso reconocer que para que el sistema sea sostenible hay que garantizar su financiación, la cual depende, en esencia, de la relación que existe entre el número de afiliados (cotizantes) a la Seguridad Social y el de pensionistas. Es crucial que esta relación, conocida como ratio de dependencia, se mantenga en niveles adecuados, que impidan que la carga de las pensiones recaiga sobre hombros distintos a los de los cotizantes.

Pues bien, aunque lo que se considera como nivel adecuado puede variar, y de hecho lo hace, con las circunstancias, parece existir un amplio consenso de que tiene que ser superior a 2 y, en teoría, cuanto más alto, mejor. En el caso de España, la ratio se sitúa ligeramente por encima de los 2,33 cotizantes por pensionista, lo que parece que no está nada mal, sobre todo si fuéramos capaces de mantenerlo así, o por encima, a lo largo del tiempo. Dado que, al menos en la última década, la ratio ha ido creciendo de forma más o menos constante hasta alcanzar la cifra mencionada, ¿cuál es el motivo para que, de vez en cuando, como decía antes, salte el problema de la sostenibilidad a la palestra?

Los motivos, como pueden imaginar, son muchos (nada garantiza que el número de cotizantes siga en aumento mientras que sí hay seguridad de que lo hará el de pensionistas, la cuantía media de las pensiones sigue siendo bastante baja y tendría que aumentar, …), pero hoy quiero centrarme en uno al que creo que no se presta demasiada atención y que deriva de las enormes diferencias que existen entre comunidades autónomas en lo que atañe a la ratio de dependencia: mientras que en Asturias, la región con la ratio más baja, la misma se sitúa en 1,46, en Baleares, que disfruta de la ratio más elevada, la cifra alcanza los 3,54. Entre ambas, como pueden imaginarse, se encuentran el resto de comunidades, con cifras muy dispares entre sí: sólo seis registran valores superiores a la media nacional, mientras que las once restantes anotan valores más bajos, en algunos casos, como Galicia, Castilla y León, Cantabria y Extremadura, bastante más bajos; en el de Cantabria, y lo indico únicamente a mero título informativo, la ratio es de 1,82.

Pero, si la media nacional supera con claridad el nivel 2, ¿suponen las disparidades mencionadas algún problema? A mi juicio, pueden llegar a suponerlo si, como estamos viendo un día sí y otro también, se termina troceando la caja común con la que se financian todas las pensiones. Cuantas más competencias se transfieran a las comunidades autónomas, a todas o solo a algunas, menos margen de maniobra quedará para que la caja central pueda financiar de igual manera las pensiones en cualquier parte del territorio nacional. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si, en el juego político en el que estamos inmersos, llegara un día en el que cada comunidad autónoma tuviera que financiar sus propias pensiones? Se podrían arbitrar, claro está, mecanismos de compensación y/o solidaridad interregional, pero, con la experiencia que tenemos sobre el funcionamiento del sistema de financiación autonómica, ¿alguien piensa que esto sería suficiente para que todos los pensionistas (asturianos, cántabros, madrileños o baleares) tuvieran garantizadas las mismas pensiones? Con toda sinceridad, me permito dudarlo, y mucho. Por eso pienso que trocear la caja de la Seguridad Social, como otras cajas comunes, es un riesgo que no podemos asumir.