La mentira útil: inmigración como chivo expiatorio

La ultraderecha ha convertido la inmigración en el terreno preferido para desplegar una narrativa de miedo, distorsión y exclusión. No es nuevo. Pero lo preocupante es cómo determinados partidos, que se definen como conservadores o liberales, aceptan e incluso normalizan ese discurso con su respaldo político. En Cantabria, los pactos entre el Partido Popular y Vox han permitido que esa manipulación cale en las instituciones.

En abril, ambas formaciones votaron juntas una moción para exigir al Gobierno de España la devolución sistemática de menores migrantes no acompañados. Es decir, niños. Con ello, la política regional se alinea con una visión deshumanizada del fenómeno migratorio, en la que la inmigración no es una realidad compleja que requiere gestión seria, sino un problema que resolver por la vía del rechazo y la expulsión.

Esa simplificación es peligrosa. Porque despoja a la inmigración de su dimensión humana –cada persona migrante tiene un nombre, una historia, una familia— y, además, ignora su dimensión estructural. Sociedades como la cántabra, con un acusado envejecimiento y una natalidad muy por debajo del nivel de reemplazo, dependen de la llegada de población extranjera para sostener su mercado de trabajo, su sistema de pensiones y sus servicios públicos. Sin ella, simplemente, no hay relevo generacional posible.

Desde una lógica constructiva se trata mas de afrontar el reto de la inmigración como una oportunidad y no como una amenaza. La realidad desmiente el relato alarmista: la inmigración no solo no colapsa los servicios públicos, sino que los mantiene en funcionamiento. Tampoco hay correlación entre inmigración y delincuencia, pese a los intentos de algunos por establecer esa asociación falaz. En cambio, sí hay datos que confirman que los y las inmigrantes son imprescindibles en sectores productivos clave: hostelería, cuidados, comercio, construcción, transporte, limpieza, pesca, entre otros. Muchos de estos empleos no se cubrirían sin su presencia.

A todo ello se suma la aportación directa al crecimiento económico. Estudios del Gobierno de Cantabria estiman que la inmigración ha llegado a aportar más del 4 % del PIB regional. Sin esa contribución, la economía cántabra no solo crecería menos, sino que vería más mermada su ya débil capacidad de generar empleo estable. Es una evidencia objetiva, más allá del ruido político.

Por eso, alimentar el discurso del 'gran reemplazo' o sugerir deportaciones masivas no solo es una estrategia retórica peligrosa; es también una irresponsabilidad económica y social. No hay ningún dato que avale que la inmigración masiva exista en Cantabria. Tampoco que esté vinculada a un deterioro de la convivencia o a una presión insostenible sobre los recursos públicos. En cambio, sí hay certezas sobre su papel positivo y su contribución imprescindible.

Aceptar la lógica de la ultraderecha supone asumir una mentira como útil. Y normalizarla desde gobiernos o parlamentos democráticos equivale a erosionar las bases de convivencia. La política responsable no puede construirse sobre el miedo ni sobre la manipulación, sino sobre el reconocimiento honesto de los desafíos y la búsqueda de soluciones que no excluyan a quienes también trabajan, conviven y aportan. Porque construir un futuro común exige no dejar a nadie fuera.