El final de la meritocracia

Valorar los méritos de una persona es una manera justa de seleccionar a los mejores para cada puesto y es también el fundamento del «ascensor social», que permite el acceso a personas sin bienes económicos a la cúspide de la pirámide social. Los ejemplos de líderes políticos, empresariales, científicos, etc. que han llegado a altos cargos partiendo de familias humildes son muchos y algunos extraordinarios.

La selección de las personas para los puestos públicos más importantes es la garantía de independencia en las tareas asignadas. Por esa razón se provee a los funcionarios del blindaje de un puesto de trabajo fijo, a salvo de las presiones de cualquier índole. En los países democráticos la selección de esos profesionales se hace por diferentes vías y en España mediante unas oposiciones, que permiten la transparencia y garantizan que quienes superen la prueba accederán a ser abogados del estado, jueces, catedráticos, fiscales, ingenieros de los diferentes ministerios y también funcionarios de todos los niveles.

Las últimas propuestas del gobierno suponen una amenaza para la pervivencia de este sistema. Lo que se propone es un cambio en la norma que elimina garantías y abre puertas a que no sean los mejores los quienes lleguen a los cargos públicos, sino que se elijan a los más próximos ideológicamente o a los que han demostrado su capacidad para plegarse al poder, sea este de derechas o de izquierdas.

Si esta transformación se lleva a cabo se producirá un daño irreparable a la sociedad, con unas consecuencias que se arrastrarán durante muchos años.

El gobierno de España, con el apoyo del PSOE, de los partidos independentistas y los herederos de ETA, propone el acceso a las plazas de jueces y fiscales a quienes han sido contratados de forma temporal para que consoliden su cargo. Con la llegada de cientos de jueces y fiscales a sus puestos, sin haber superado la oposición oportuna, lo que se hace es eliminar de facto la valoración objetiva de los méritos, para que lleguen a la judicatura abogados que han sido elegidos discrecionalmente como magistrados interinos, sin superar el proceso opositor que garantiza que demuestren ser los mejores entre los aspirantes. Un paso más en la dirección de la ya consolidada práctica de jueces del cuarto turno que soslaya el concurso de méritos. Lo mismo que con el poder que se otorga los políticos en la elección de algunos magistrados de importantes instancias.

La aprobación de esta reforma legal será un avance en la demolición de un sistema justo y equitativo, para ser sustituido por otro, en el que prime la sumisión al ejecutivo y que tiñe políticamente las togas de los jueces.

Un proceso en la misma dirección, de rebajar los méritos e incrementar la discrecionalidad, se presenta en la sanidad. La formación de un médico requiere un gran esfuerzo: es una carrera más larga que el resto de grados y una vez obtenido el título universitario se requiere superar la oposición a médico interno residente (MIR) y después trabajar y en formación durante unos años. Este alto grado de exigencia es la razón de que el sistema sanitario español se sitúe entre los mejores del mundo.

Ahora los médicos, como los jueces, han elevado su voz contra el intento de partidos como el PSOE, Sumar, CiU, Bildu, ERC, etc. de elevar a una categoría similar a la de los médicos a los enfermeros y demás personal del sistema sanitario. Con la tesis de que todos somos iguales –no en derechos y obligaciones, sino en destrezas técnicas– se pretende equiparar a los médicos con los enfermeros, e incluso con el personal que no tiene competencia directa sobre el trabajo sanitario. Un avance más hacia una sociedad en la que se desprecia el esfuerzo y la formación para construir un mundo en el que se frene a los mejores para para que los alcancen los mediocres.

Los resultados de los últimos exámenes para puestos de trabajo públicos en Cantabria son una señal del deterioro de la calidad de la enseñanza, un indicador para variar el rumbo.