De la fragmentación a la impunidad

Cuando el verano aun no estaba en el horizonte, las riadas de Valencia conmovieron a España y a medio mundo por el elevado número de víctimas.

El agua y el fuego, los elementos de la vida, son también el germen de la muerte y la destrucción. Agosto es tiempo de ocio para muchos y de duro trabajo para otros. Desde los empleados de hostelería y turismo hasta lo médicos que deben atender a cientos de pacientes que llegan al servicio de urgencias por una enfermedad o por una imprudencia.

Cuando los problemas se trastocan en tragedia crece la indignación y, en consecuencia, la exigencia de responsabilidades. ¿Quién se hace responsable de los incendios? ¿Quién asumió la carga de las inundaciones del Levante? ¿Quién debe dar cuentas de la falta de médicos en determinadas partes de la geografía española? Naturalmente, llegado el momento de aceptar responsabilidades se inicia un baile de excusas y razones para que se otra persona, otro organismo, otro gobierno quien cargue con la culpa.

La España de las autonomías, que fue un acierto en su diseño original, ha dado lugar a una fragmentación de organismos, gobiernos, agencias, etc., que oculta los errores de cada cual y conduce a la impunidad de los diferentes actores. Del legítimo anhelo de la descentralización se ha pasado al ineficiente sistema de reinos de taifas que desdibujan las competencias y son el caldo de cultivo para eludir responsabilidades.

En el reciente caso de los incendios, asistimos a un impúdico teatrillo en el que los alcaldes culpan al gobierno autonómico, los responsables regionales aducen que no reciben ayuda del gobierno nacional y quienes gobiernan España insisten en que las competencias para prevenir y apagar incendios son de las autonomías.

En el caso de las inundaciones de Valencia, pronto hará un año, las acusaciones mutuas han sido constantes y aún ahora sigue sin dilucidarse el papel jugado por el organismo más directamente responsable, la Confederación Hidrográfica del Júcar y las instituciones gobernadas por el PP lanzan acusaciones a las dirigidas por el PSOE.

Cuando se produce uno de los mayores incendios de los últimos años en España, comprobamos que no se activan todos los medios posibles. En muchos lugares de España permanecen parados efectivos especializados en la extinción de incendios. En Cantabria, sin ir más lejos, una agrupación –la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Ruente, ha pedido ser movilizada.

De los desastres es necesario, al menos, obtener enseñanzas para evitar que se repitan en el futuro. De lo sucedido este verano veremos si aprendemos algo. El cambio climático puede ser una causa, pero no la única. Por otra parte la descarbonización de la atmósfera es una tarea a medio plazo y que afecta mínimamente a España, porque los grandes emisores de CO2 son naciones como China y Estados Unidos. Profundizar en políticas energéticas que reduzcan la quema de minerales es necesario, pero sin olvidar que lo urgente es mejorar la lucha contra el fuego.

Se debe racionalizar la normativa para el cuidado de los montes, de manera que los habitantes de esos municipios puedan limpiar los bosques y los ríos sin tanta presión normativa. Otra forma de atajar el fuego es recentralizar –ese verbo que parece proscrito– el mando en todos los aspectos de la extinción de incendios. Una coordinación nacional, sin necesidad de peticiones de auxilio y con mando sobre todos los medios disponibles, será más eficaz que la actual fragmentación que retrasa la toma de decisiones e impide el uso racional de los diferentes equipos de bomberos.