Emergencia sanitaria

La disminución de los recursos humanos y materiales destinados a la sanidad pública, su deficiente gestión y adecuación a las cambiantes necesidades de los usuarios y la creciente externalización y privatización de la atención sanitaria y los servicios vinculados a ella, en lo que parece una perversa estrategia de entrega del sector a empresas con ánimo de lucro, están sin duda detrás de dicho deterioro.

La situación es ya de emergencia. Porque el abandono y la privatización de la salud pública y el Servicio Cántabro de Salud nos matan. Por ello, gran parte de la sociedad de la región quiere decir basta ante las maniobras que, bajo la excusa de las bondades de la cooperación público-privada –la cantinela del consejero César Pascual–, tienden a convertir en negocio un servicio público vital.

En fecha reciente, el consejero cántabro dio por agotado el potente modelo sanitario español, que tildó de «reliquia». Lo cual confirma las peores sospechas sobre cuál es su estrategia para poner al día lo que él considera una antigualla y los usuarios tenemos por uno de nuestros bienes más preciados, así como uno de nuestros supremos derechos constitucionales.

Hace más de un decenio que Pascual, entonces gerente de Valdecilla, puso en marcha su agenda privatizadora con el contrato de más de 750 millones de euros a Ferrovial por la terminación de obras y la prestación de los servicios anexos al de la salud en el buque insignia de la sanidad cántabra. Ahora, como titular de la Consejería, no pierde ocasión para avanzar en el mismo sentido privatizador: con el lanzamiento del Parque de Innovación sobre las ruinas de la Residencia Cantabria, proyecto liderado por la iniciativa privada; con la subrogación de parte de la sanidad pública al hospital privado Santa Clotilde por hasta 24 años; con la alfombra roja al grupo Quirón en los bajos del Casino, en un acto que él presidió, y, de manera destacada, con el Plan de Salud de Cantabria 2025-2029, presentado en el Centro Botín y en el Colegio de Médicos pero aún no en el Parlamento regional: un plan de ambiciosas directrices, sin memoria económica y elaborado en gran medida por consultores privados y multinacionales del sector de la farmacia.

Que la privatización no es sana lo demostró la Universidad de Oxford en un estudio publicado en la prestigiosa revista 'The Lancet' sobre los efectos de tales políticas en el Servicio Público de Salud de Inglaterra. Como conclusión, sus autores indicaron que la mercantilización de la sanidad «se asocia a un aumento de las muertes de pacientes» y un «empeoramiento» general de la asistencia.

Más allá del daño de las políticas privatizadoras, las carencias de personal en la atención primaria y el crecimiento de las listas de espera también duelen. Tras sufrir los perjuicios por la deficiente cobertura de las vacaciones de los sanitarios, los pacientes que esperan se ven ahora obligados a llamar día tras día a su centro de salud para ver «si sale algún hueco», argucia que a la ineficacia une la mentira, pues, al no dar cita para el día que sea, no se genera lista de espera oficial. Y Cantabria es la comunidad con mayor número de pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes, con más de 29 frente a menos de 10 en el País Vasco.

Tan nocivas son las deficiencias y acciones de mercantilización de la sanidad que nos preguntamos si, para un Gobierno llamado a velar por nuestros intereses, no sería lo más coherente cesar al consejero.

Es ante la gravedad de los hechos enumerados, y en ejercicio de la participación ciudadana que por ley el Gobierno regional debería haber garantizado a través de los Consejos de Salud, por lo que ahora se constituye la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, integrada por un número creciente de organizaciones civiles, ciudadanos y profesionales dispuestos a combatir la progresiva erosión de un sistema que hay que proteger y restaurar por todos los medios. Es cuestión vital. Está en juego nuestro futuro. Nos va la salud en ello.

Firman este artículo: Antonio Jiménez, Rosario Quintana, Fernando Rodero, María Toca y Fernando G. del Río.