Salud laboral, un derecho fundamental

La seguridad y salud Laboral deberían ser prioritarias en las políticas mundiales pero, ni tras un año como 2020, que ha demostrado la importancia de la prevención, se ha conseguido. Un ejemplo de esta inacción son las condiciones laborales en las obras de la Copa del Mundo en Catar, que según 'The Guardian', le han costado la vida al menos a 6.500 trabajadores ante la pasividad de los gobiernos mundiales.

Esta dejación gubernamental obliga al movimiento sindical a exigir que la salud y la seguridad laboral se reconozcan como derecho fundamental, trasladando esta propuesta a la Confederación Sindical Internacional.

En España, cada año fallecen más de 700 trabajadores, evidenciando que la prevención de riesgos laborales es más formal que real. En Cantabria, en 2020, 11 personas perdieron la vida en su trabajo y 37 sufrieron accidentes graves, lo que supone un incremento de un 11 y un 13% respectivamente respecto a 2019.

Pero los daños a la salud de las personas trabajadoras no se reflejan sólo en los accidentes. Hay muchos factores de riesgo que hacen que éstos sufran enfermedades que se alargan en el tiempo y precaricen su vida.

Las enfermedades profesionales apenas son reconocidas legalmente y el real decreto que las regula apenas sufre ampliaciones.

En el primer trimestre del año, en Cantabria se han reconocido 38 enfermedades profesionales, 22 de ellas en mujeres. De las 38 enfermedades reconocidas, 33 pertenecen al grupo 2 (enfermedades causadas por agentes físicos), y la mayoría de ellas se han originado en actividades de la industria manufacturera y el comercio.

En cuanto a aquellas enfermedades que no están incluidas en este real decreto hemos de recordar que la población trabajadora que las sufre se ve doblemente herida, ya que sufren las consecuencias de la enfermedad y tienen que someterse a procesos judiciales largos y costosos.

Este 28 de abril toca hacer balance de un año de pandemia y sus efectos en la seguridad y la salud en el trabajo, poniendo de manifiesto la dramática contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica, en detrimento de los consejos de expertos en salud pública.

Las plantillas de los sectores esenciales han sufrido los estragos del virus y no siempre con el debido reconocimiento, dado que en este último aspecto sólo se ha alcanzado el reconocimiento de enfermedad profesional para trabajadores sanitarios y sociosanitarios.

Por ello, CC OO y UGT exigen que el covid-19 se incluya en el listado de enfermedades profesionales, ampliando la cobertura a más personas. Ambos sindicatos reivindican que este año se afronte el problema del cáncer de origen laboral, dado que su falta de reconocimiento priva a los afectados de las prestaciones derivadas de contingencia profesional. Presionaremos para que las modificaciones de la directiva europea frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos sean traspuestas en tiempo para garantizar la protección de la salud. UGT y CC OO también reclamarán la trasposición de la directiva europea contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, como el radón, causante de cáncer. En este sentido, ha comenzado la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para crear un fondo compensatorio para las víctimas del amianto. Ante las situaciones y las carencias señaladas se hace imprescindible adoptar medidas preventivas de carácter inmediato. CC OO y UGT tienen claro que una de esas medidas pasa por la integración de la salud laboral en la salud pública.

La Ley de Prevención de Riesgos cuenta con más de 25 años pero los daños a la salud en el trabajo son diarios. La cultura preventiva no tiene ni implantación ni arraigo, con un sector preventivo fuertemente mercantilizado y una inestabilidad y precariedad laboral, con enormes tasas de temporalidad y parcialidad que son la fórmula perfecta para el menoscabo de la salud laboral. Muchas voces insistían en un mundo diferente tras la pandemia. Desde UGT y CC OO se trabaja para que, en ese nuevo mundo, el trabajo sea digno y seguro. Que no se antepongan otros intereses a la salud o a la vida. Que nadie elija entre trabajo y salud.