Inmigración y empleo: el riesgo de la hipocresía política

En este contexto, la postura del PP merece también un análisis crítico. Tras haber roto en varias comunidades autónomas y ayuntamientos el llamado 'cordón sanitario' a Vox, el PP se encuentra hoy en una incómoda contradicción: ¿cómo es posible que un partido que se precia de defender los intereses de la empresa y la creación de empleo pueda convivir o siquiera tolerar discursos y propuestas que, de materializarse, dejarían a vastos sectores productivos sin el personal necesario para funcionar?

Porque la necesidad empresarial de contar con trabajadores suficientes y cualificados choca frontalmente con la retórica antiinmigración. Al acercarse a las posiciones más extremas de la ultraderecha, el PP asume una responsabilidad directa sobre las potenciales consecuencias de una política migratoria restrictiva y deshumanizada. Y esto no es solo una cuestión de principios; es un riesgo económico tangible, ante el que hay que preguntarse cuál es la auténtica prioridad del Partido Popular: la conveniencia de sus alianzas políticas o la viabilidad de nuestro tejido productivo y la estabilidad de miles de empleos.

Las políticas de deportación masiva, además de su evidente coste humano y ético, generarían un vacío laboral imposible de cubrir a corto y medio plazo. La evidencia económica muestra que los puestos que hoy ocupan mayoritariamente trabajadores migrantes no son fácilmente reemplazables. Solo hay que mirar quién recoge las cosechas, cuida a nuestros mayores o sirve en bares, hoteles y restaurantes. El impacto de la desaparición de esos trabajadores sería devastador para la cadena de producción y un freno al crecimiento económico que pocos sectores pueden asumir.

Pero no es solo una cuestión económica. Más allá de los números y las estadísticas, las propuestas de la derecha fracturan la cohesión social. Fomentan el miedo, la desconfianza, la discriminación y la división precisamente en un momento en el que más que nunca necesitamos unidad, cooperación y sentido común. La dignidad de las personas no puede ser una herramienta política, ni la migración el chivo expiatorio al que responsabilizar de problemas que son estructurales y cuya solución requiere rigor, no populismo.

Las personas migrantes son vecinos y vecinas que contribuyen a nuestra sociedad, que trabajan, consumen, pagan impuestos y ayudan a sostener los servicios públicos. La realidad es que España, y Cantabria en particular, ya sufren las consecuencias de la despoblación y el envejecimiento. La llegada de personas migrantes no solo responde a necesidades inmediatas de mano de obra, sino que es también una oportunidad para rejuvenecer nuestra población y revitalizar nuestras comunidades.

Como secretaria de Igualdad del Partido Regionalista de Cantabria, pido a la clase política sensatez y responsabilidad. Es imperativo que la realidad social y económica prevalezca sobre cualquier cálculo partidista. El futuro de España, la prosperidad de nuestra economía y la dignidad de todas las personas que contribuyen día a día a nuestra sociedad dependen de decisiones valientes y consecuentes, lejos de esos discursos que nos alejan de una sociedad justa, cohesionada y productiva.

No hay espacio para la demagogia cuando están en juego los derechos de las personas y la estabilidad de nuestro país. Las soluciones no pasan por expulsar a quienes ya forman parte de nuestro presente y son fundamentales para nuestro futuro. Las soluciones pasan por regularizar, por integrar, por garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores y por reconocer que somos interdependientes.

Es hora de que quienes tienen responsabilidades políticas dejen de utilizar a las personas migrantes como munición electoral. España necesita políticas responsables y eficaces que reconozcan la contribución imprescindible de quienes vienen a trabajar y a construir aquí su proyecto de vida.

Las empresas lo saben, las familias lo saben, los ayuntamientos lo saben. Solo parecen no saberlo quienes prefieren el aplauso fácil de un mitin a la realidad incómoda de gestionar con responsabilidad. Y esa irresponsabilidad la acabamos pagando todos.

Hoy, más que nunca, debemos recordar que nadie es más que nadie y que ninguna sociedad puede avanzar castigando a quienes más la sostienen. La igualdad, la dignidad y la justicia social no son valores negociables. Son el camino hacia una España y una Cantabria mejores para todos y todas.