Arredondo presentará alegaciones al proyecto del parque eólico Garma Blanca

La cita congregó alrededor de medio centenar de vecinos de varios de los municipios afectados, que aseguraron que presentarán alegaciones al proyecto, como así lo hará el Ayuntamiento, según adelantó el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal.

Alejandro Manteca, concejal socialista del Ayuntamiento, comparó las dimensiones del parque que se proyecta en las comarcas del Asón y del Miera, con el que hay construido en Soba, que tiene 38 molinos, con una torre de 44 metros de alto y 69 metros en total. El parque Garma Blanca plantea la instalación de 13 aerogeneradores, con una torre de 90 metros y una altura total de 162,5 metros.

Manteca puso de manifiesto que el parque «se plantea sin el Plan General del Ordenación del Territorio (PROT) aprobado, contraviene la Ley del Paisaje y se ubica en una zona que se incluía en la candidatura de Geoparque de la Unesco y de Reserva de la Biosfera». Además, señaló que «entra en contradicción con la propuesta de la nueva Ley del Suelo y va en contra del turismo de calidad». También aseguró que la instalación producirá interferencias electromagnéticas y afectará a los acuíferos.

La reunión fue muy participativa por parte de los asistentes, que expusieron sus impresiones sobre el proyecto y como les afecta. Casos como el de Pamela Borraz y Santiago Fuente, del barrio de Tabladillo (Bustablao), en cuya parcela se prevé la instalación de un molino, a tan sólo unos 200 metros de su casa. Y es que, según explicó Manteca, la promotora del parque se ha basado en el catastro con datos no actualizados para determinar en que parcelas ubicar los molinos, y muchas de esas fincas a día de hoy han cambiado su uso de agrario a residencial.

Por su parte, Diana Ortiz, vecina de Santoña que ha invertido en un proyecto en Arredondo, aseguró que «si no valoramos lo que tenemos y permitimos que esto pase, va a ser un éxodo» de los vecinos recientemente asentados.

Evaristo Canales, concejal y vecino de Bustablao, remarcó que aquellas parcelas en las que se instalen molinos «dejarán de ser aptas para las ayudas agrícolas de la PAC y pasarán a pagar un IBI industrial», además de no poder cerrarlas. También remarcó que en los terrenos afectados hay «un patrimonio que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos» y abogó por protegerlo.