Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana

De no rectificarse el rumbo, ese es el fondo contra el que va a embarrancar un conjunto residencial ubicado en la localidad de Mompía, en el municipio de Santa Cruz de Bezana, donde las relaciones entre sus moradores, que se distinguen en tres condiciones, propietarios, inquiokupas y okupas, son ya tan hostiles que hasta la propia alcaldesa ha remitido una carta al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana para trasladarle formalmente «la grave situación» que desde hace ya algún tiempo se viene observando en esa urbanización, construida sobre la Avenida de la Libertad y numerada del 41 a 49.

Para entender lo que ocurre es preciso sumergirse en los orígenes del inmueble, que consta de 98 viviendas y 40 oficinas cuyos contratos de arrendamiento empezó a gestionar a primeros de 2014 una empresa que no tenía acreditada la titularidad de la propiedad para poder ejercer legalmente como arrendadora, razón por la que fue embargado y puesto en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Esa medida tuvo una nefasta repercusión en la urbanización, que se pobló con tres tipos de vecinos; aquellos que habían entrado a vivir en régimen de alquiler y que al cambio de la titularidad dejaron de abonar sus rentas -bien porque no sabían a quién, bien porque se dio la circunstancia, bien porque se les antojó así-; aquellos que accedieron a un piso dando una patada en la puerta; y aquellos que cuando la Sareb comenzó la comercialización de sus activos decidieron comprarse una vivienda allí. Es decir, que se pobló de inquiokupas, okupas y propietarios de todo derecho, en este orden de llegada.

Con estos antecedentes grapados, la misiva que Carmen Pérez ha remitido a David Lucas Parrón explica por sí misma cuál es la situación a día de hoy.

Cuenta la regidora al secretario de Estado que los problemas de convivencia en este inmueble se han intensificado en los últimos meses, coincidiendo con la paralización de la comercialización de los pisos, garajes y trasteros que la Sareb tiene en esa urbanización.

«Dicha comercialización, cuyas ventas se estaban produciendo a buen ritmo ante la demanda de viviendas en la zona, quedó paralizada en marzo de 2025, cuando se iniciaron las negociaciones para el traspaso de estos inmuebles al Sepes, lo que ha dejado en suspenso cualquier solución de mercado y ha generado en la propia urbanización un clima de incertidumbre que está favoreciendo la proliferación de nuevas ocupaciones ilegales», afirma la alcaldesa.

Con la llegada de nuevos propietarios a la promoción, un goteo constante y beneficioso para la normalización de la vida allí hasta que ese proceso se detuvo, «la naturaleza de los hechos denunciados por los vecinos ha cambiado de forma preocupante», reconoce Carmen Pérez, que asegura que han pasado de infracciones de carácter meramente patrimonial a delitos contra las personas.

Para que el secretario de Estado se haga una idea de la situación, la regidora enumera en su carta cuantos incidentes le han trasladado los vecinos del inmueble, que ni son pocos ni son banales; insultos, amenazas de muerte, daños tanto en las zonas comunes como en los bienes privados, sabotajes en las cámaras de seguridad de garajes y portales, sustracciones de material eléctrico (contadores, fusibles), enganches a la luz, el agua y el gas que están ocasionando inundaciones además de elevados costes en las facturas comunitarias... Por haber, los vecinos creen que hay tráfico de drogas, prostitución e incluso una persona que estaría alquilando viviendas para su ocupación de forma ilegal, «lo que pone de relieve un posible aprovechamiento con ánimo de lucro ilícito de esta situación» que la alcaldesa popular pide que se investigue.

Solo en los últimos siete meses, los que van de enero a julio, la Policía Local se ha presentado 54 veces en esta urbanización a requerimiento de los residentes para tomar nota de distintos hechos, entre ellos cinco delitos contra la propiedad, cuatro ocupaciones, usurpaciones de inmuebles y defraudaciones de suministros o cinco servicios de auxilio o mediación entre personas. Codo con codo con la Guardia Civil, que también se deja ver allí con extraordinaria frecuencia, «nuestros policías están trabajando incansablemente por garantizar la seguridad en la zona», dice en su escrito Carmen Pérez, que recuerda que su municipio no está precisamente sobrado de este tipo de recursos.

Si leer lo que relata la alcaldesa en su carta espanta, escuchárselo contar a los vecinos afectados horroriza.

Piden no tener que dar la cara por miedo a que se la partan, y con la garantía absoluta de no verse expuestos públicamente, ofrecen un relato escalofriante de su vida en la urbanización construido a base de experiencias personales que llevan tiempo compartiendo en un grupo de whatsapp en el que cuelgan todas las evidencias de lo que dicen, fotografías y vídeos de los que se deduce que están pasando un calvario.

Según sus cálculos, en el inmueble hay unos cuarenta propietarios repartidos en cuatro portales, los números 41, 43, 45 y 49, pues el 47 se destinó a oficinas. El resto, otros cuarenta, son inquiokupas que no quieren líos -algunos incluso estarían intentando regularizar su situación- y okupas, una quincena, que no solo no los evitan sino que por lo visto los alimentan.

«Arrojan basura a la piscina, desaguan la lavadora por la fachada, están enganchados a la luz, el agua y el gas de la comunidad» con lo que ello conlleva: «Han provocado inundaciones manipulando la toma del agua, tuvieron que venir los bomberos porque enredaron en la del gas, y estamos pagando facturas astronómicas por estos servicios». Hay quien trafica con drogas y hay quien también se prostituye, piensan los vecinos afectados, que a la mínima protesta se buscan un problema.

«Nos han acosado en el ascensor y en el garaje, nos han amenazado de muerte de viva voz, nos han rayado coches y motos, nos han tirado ketchup a la puerta de casa para amedrentarnos...». Y hace unos días, para más inri, «colgaron un cartel en el que decían que nos iban a denunciar por colocar puertas 'antiokupa'». Ver para creer.

Tal y como indica la alcaldesa y ratifican los propios vecinos, algunos ya en la frontera misma del descarrilamiento emocional, «la conflictividad en este lugar derivada de la ocupación ilegal es un hecho constatado» que bajo ningún pretexto puede ignorar el Ministerio de Vivienda, al que Carmen Pérez ha solicitado, a través de su Secretaría de Estado, que en el ámbito de sus competencias, y en coordinación con la Sareb, el Sepes o cualquier otro organismo competente, «adopte de manera urgente todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la convivencia en este edificio».