El expedáneo de Las Rozas no convocaba concejos porque «no había quórum»

Así lo reconoció este jueves en el juicio contra él, celebrado en la Audiencia Provincial por presunta falsedad, prevaricación y malversación, delitos por los que se enfrenta a seis años y siete meses de cárcel que pide la fiscal. El ministerio público también imputa estos dos últimos ilícitos al entonces secretario pedáneo, José Luis Lantarón, al que reclama cinco años de prisión y que igualmente ha declarado en la vista.

Ambos están acusados de remitir, entre 2013 y 2014, al Boletín Oficial de Cantabria actas de sesiones de juntas que no se habían celebrado, en las que se hacía constar la aprobación de las cuentas generales de 2012 y 2013, así como los presupuestos e inventario de bienes del 2014.

«Tanto el secretario como yo, todo lo que hicimos fue intentando el bien de la pedanía», alegó en su defensa el que fuera regidor de Las Rozas, quien explicó que las reuniones de las juntas se celebraban cuando había «algún asunto» que tratar, añadiendo que como las anunciaban en el tablón y «no había pueblo, optamos por no convocarlas».

De acuerdo con su versión, levantaba el acta el secretario, y a propósito de esto último manifestó, a preguntas de la representante de la Fiscalía, que algunos de esos «escritos» –como los ha denominado y en los que ha reconocido su firma– se refieren a sesiones que «no tuvieron lugar».

El expedáneo de Las Rozas, que se presentó al cargo por una asociación de electores y que dijo no saber la diferencia entre un concejo y una junta vecinal, achacó su proceder al secretario del Ayuntamiento, que ante la imposibilidad de celebrar una junta «válida» –por la citada falta de quórum– y teniendo en cuenta que eran necesarias para aprobar las cuentas, le dijo que «hiciéramos lo que nos pareciera».

«Y fue lo que hicimos», apostilló. Un extremo que corroboró el otro procesado, que manifestó por su parte que aceptó el cargo «por ayudar al pueblo», aunque aseguró que no conocía sus funciones y responsabilidades, ni tampoco se las explicó el secretario municipal. Pero, si se levantaba un acta, de las que se dejaba constancia en el correspondiente libro, era «porque estábamos allí. Si no, no creo que se levantaría un acta, así por las buenas». Además, ambos han coincidido en que el secretario les exigía una cuantía económica –equivalente a «una tercera parte de su sueldo»– si querían que les informase o asesorase. «Nosotros no disponíamos de ese dinero».

Respecto a la presunta prevaricación, por concertar un contrato con una empresa al margen de la junta (para obras de acondicionamiento de un edificio de viviendas, que conllevaba un compromiso de alquiler a largo plazo), el principal implicado reconoció que depositó 30.000 euros, importe que según la acusación pública casi «triplica» el presupuesto anual del concejo, que cuenta con entre una quincena y veintena de habitantes.

Aseguró que «se informó» de esta operación a «algunos» miembros de la junta: «Yo di cuenta a las personas que iban a la junta. Si celebrábamos una reunión e iban cuatro, se lo comentaba a cuatro. A los que no iban, no se les comentó», diferenció.

Y también aseveró que preguntó a otras empresas de «la zona» por si estaban «interesadas» en los trabajos en cuestión, aunque al igual que con la falta de quórum de las juntas tampoco dejó constancia documentada.

En todo caso, remarcó que se trató de un depósito en el marco de una acuerdo que vencía en 2016. Así, si al final no se acometía la remodelación del inmueble, «se cogía la pasta y punto», zanjó. De hecho, con posterioridad el concejo declaró la nulidad del contrato y exigió la restitución íntegra de los 30.000 euros, que ya están depositados según el escrito de acusación de la Fiscalía.

En relación con el tercer delito, el de malversación, se le imputa por acordar el gasto de fondos mediante cheques emitidos a cargo de las cuentas bancarias del ente público, al portador o su propio nombre y «sin expresar el concepto» al que se destinaban tales efectivos. Según la fiscal, firmó hasta siete, por valor de 3.830.

De todos esos cheques, el secretario dijo que «ni los veía. No quería saber nada. No me interesaba». También ha negado haber tenido «ninguna» participación en el envío de las actas al BOC.