Urbanismo devuelve a Valderredible el Plan General por reparos medioambientales

Urbanismo devuelve a Valderredible el Plan General por reparos medioambientales
José Luis Sardina

La Comisión obliga al Ayuntamiento a revisar la altura máxima de los suelos urbanizables de Polientes y a otorgar mayor protección a determinados ámbitos

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER.

La Comisión Regional de Urbanismo (Crotu), el órgano consultivo y de gestión del Gobierno en las materias de territorio y urbanismo, ha devuelto al Ayuntamiento de Valderredible el Plan General de Ordenación Urbana ante los reparos medioambientales de los técnicos. En la actualidad y hasta su aprobación definitiva, Valderredible se regula urbanísticamente por un Plan de Delimitación Urbana.

El documento, que fue aprobado inicialmente en marzo de 2015, fue analizado en la última reunión de la Crotu para su aprobación definitiva, pero quedó sobre la mesa ya que contiene incumplimientos de la normativa ambiental que deben ser corregidos. El traspiés sufrido por el texto en este órgano dificultará su aprobación definitiva en esta legislatura, aunque si los trámites se agilizan todavía puede llegar a tiempo.

Valderredible cuenta con 53 núcleos de población dispersos y con una tipología rural característica, por lo que el PGOU constituye un arma indispensable para regular la tipología de construcción y la protección de los espacios naturales. Con su aprobación definitiva, el Ayuntamiento pretendía «generar un instrumento que favorezca un desarrollo futuro sostenible» del valle, según señaló en su día el equipo de Gobierno que encabeza el regionalista Fernando Fernández. Sin embargo, una vez superados los trámites de aprobación inicial, el documento lo ha logrado superar en la Crotu el último obstáculo para su aprobación en Consejo de Gobierno.

Allen del Hoyo, Villamoñico, Villanueva de la Nía, Quintanilla de An y Villota de Elines, afectados

Las mayores observaciones han llegado de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, que han presentado una serie de reparos que el equipo redactor del plan tendrá que subsanar. Así, el Ayuntamiento tendrá que realizar «una revisión de la delimitación del suelo rústico de protección ordinaria» de un conjunto de ámbitos, para otorgar un «régimen de especial protección» a aquellos que cuenten con «valores paisajísticos y de vegetación».

Esa evaluación afectará a las localidades de Allen del Hoyo, Villamoñico, Villanueva de la Nía, Quintanilla de la Nía, Quintanilla de An y Villota de Elines. Los expertos de la Crotu instan al Ayuntamiento a que esa revisión se haga ajustando esos valores paisajísticos y de vegetación a «la realidad física del territorio».

Además, la Crotu advierte de la existencia de nuevos ámbitos de suelo rústico, tipificados como de protección ordinaria, que no han sido evaluados ambientalmente y que deben contar con ese examen. Se trata de la zona sur de la Población de Abajo, dos zonas en Ruijas, otra en Arenillas de Ebro y otra más pequeña en Rocamundo.

Las parcelas afectadas en estas localidades se habían clasificado inicialmente como suelo urbano, pero la Dirección General de Urbanismo consideró que no reunían los requisitos para ello, por lo que se clasificaron rústicas como las parcelas colindantes.

Asimismo, la Comisión de Urbanismo aconseja actuar en lo relativo a la altura máxima establecida en los suelos urbanizables de Polientes por elevada, y que se revise la Ordenanza y Ordenación especial. La Memoria Ambiental advertía de la posible contaminación del acuífero de Espinosa de Bricia, por lo que la Crotu ha pedido que se aporte la información sobre cómo afectaría esa situación a la clasificación y calificación del suelo, y las medidas necesarias para la prevención de esa contaminación.

También se subraya que el Programa de Vigilancia Ambiental carece de valoración económica, un requisito necesario para la aprobación del Plan General pueda ser aprobado. Por otro lado, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental del documento se indica que la aprobación provisional debe incluir el coste de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, así como de la vigilancia ambiental propuestas para minimizar los impactos. Sin embargo, el coste de las medidas no se ha incorporado, por lo que tendrá aportarse.