La Audiencia frena la demolición de diez de los once chalés del 'caso La Loma' de Castro Urdiales

En abril de 2023, la Audiencia Provincial de Cantabria ordenó al Ayuntamiento de Castro Urdiales regularizar la zona de Santullán que se desarrolló ilegalmente (en concreto, la urbanización Residencial San Pelayo, promovida por Sacyr Vallehermoso) y la demolición de once chalés construidos sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras, próximos al puente que comunica esa zona con el centro de la pedanía castreña. Sin embargo, la realidad es que a día de hoy ni se ha restaurado la legalidad urbanística de esa zona después de declarar la nulidad del Plan Parcial del sector de Suelo Urbanizable No Programado Nº12 (SUNP-12), así como los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron (Proyectos de Compensación, Urbanización y Licencia de Obras); ni se han derribado las viviendas.

El problema que ha surgido respecto a esta última cuestión es que cuando el Ayuntamiento ha pedido a la Dirección General de Carreteras Autonómicas que emitiera el preceptivo y vinculante informe al proyecto técnico de demolición (trámite previo a la concesión de la licencia municipal de derribo), la respuesta ha sido favorable respecto a una vivienda, puesto que las otras diez «se ubican fuera de la zona de influencia de la carretera autonómica».

Tras conocer el contenido de este informe, los tres condenados, que tienen que hacer frente a los costes de los derribos por sentencia, presentaron un escrito en noviembre de 2024 en el que solicitaron a la Audiencia Provincial que acordara limitar la demolición a solo una vivienda, al entender que el resto estarían legalizadas.

Pero el tribunal lo ha rechazado de plano. «Simplemente se dice que ya no están 'en la zona de influencia de la carretera autonómica'». En esta misma línea, la Fiscalía se opone a la petición de los condenados, «al ser firme el fallo de la sentencia y cumplirse en sus estrictos términos, sin que proceda pretender dilatar su ejecución, por más que el tiempo cambie o no el criterio de la Administración».

A la vista de todos los posicionamientos, la Sala ha dictado un auto, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, en el que ordena la inmediata demolición de la vivienda unifamiliar situada dentro de la zona de protección de la carretera y suspende el derribo de las diez viviendas restantes por un plazo de seis meses.

Para poder aclarar la situación insta a la Dirección General de Obras Públicas a que informe si existe algún proyecto o plan en trámite o ya vigente que haya modificado el trazado de la denominada 'variante de Santullán', no finalizada en su ejecución (conexión de la carretera CA-931 con la autovía A-8) y si esa carretera se va a finalizar o no. También le pide que expliquen que quieren decir en su informe cuando señalan que las diez viviendas (cinco bifamiliares) construidas en lo que en su día era zona de protección de la carretera ahora «se ubican fuera de la zona de influencia de la carretera autonómica», considerando que el Plan Parcial del SUNP-12 se ha declarado nulo y las diez viviendas siguen estando donde están.

Por otro lado, la Audiencia insta al Ayuntamiento de Castro a que en un plazo no superior a tres meses informe si existe algún nuevo Plan Parcial del SUNP-12, dado que el anterior fue declarado nulo por esta Sala. De ser así, pide que informen cuál sería en el mismo el destino de los diez chalés cuya demolición acordó la sentencia firme de esta Sala en dicho Plan, y si estarían legalizados o podrían ser legalizables, y las condiciones de esto último, en su caso.

También quiere saber si los condenados han solicitado la legalización de las diez viviendas ante el Ayuntamiento, ante el Gobierno regional o ante el Juzgado de lo Contencioso.