El Ayuntamiento de Castro quiere que derriben «cuanto antes» el Miramar

Imagen de archivo del antiguo hotel Miramar. /Abel Verano
Imagen de archivo del antiguo hotel Miramar. / Abel Verano

El alcalde Díaz Munío espera que el Ministerio actúe con la máxima celeridad para evitar los problemas de circulación de peatones y ciclistas que genera el hotel

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

Tras conocer el contenido de la última sentencia del Tribunal Supremo en la que se rechaza el último recursos de sus propietarios, confirmando así la demolición del Hotel Miramar, el alcalde de Castro Urdiales, Ángel Díaz Munío (CastroVerde), solo espera que las obras se lleven a cabo con la mayor brevedad posible para evitar los problemas de circulación de peatones y ciclistas que transitan junto a un edificio que presenta un avanzado estado de deterioro por la falta de mantenimiento.

«Estoy en continuo contacto con la Demarcación de Costas y lo seguiré estando hasta que acabe esta pesadilla. Hemos peleado para que ese edificio no se derribara, pero ante la imposibilidad de buscar la utilidad sostenible, pública y aceptable, entre todas las administraciones involucradas, hemos tenido que aceptar al final que ese edificio no tenga una viabilidad futura y, por lo tanto, va a ser derribado».

El alcalde de Castro aseguró este miércoles que, ante esta situación «no deseable» y «triste», lo que quiere su equipo de gobierno es que el edificio se derribe «cuanto antes» para que no afecte a la circulación de peatones y ciclistas, «que está siendo alterada por el mal estado del edificio». Así las cosas, lo deseable para el Ayuntamiento es que de cara a la campaña de verano o incluso la Semana Santa, «podamos tener derribado el edificio y urbanizada correctamente toda la zona para que no afecte a la actividad normal de los ciudadanos».

«El derribo está condicionado a que exista una partida y eso está dentro de las dificultades que tiene el Gobierno español» Ángel Díaz Munío

Sin embargo, Díaz Munío reconoció que no espera que esa actuación sea tan rápida «desgraciadamente» porque las noticias que tiene son que «el derribo está condicionado a que exista partida presupuestaria y me temo que eso va a estar incluido dentro de las dificultades que tiene el Gobierno español».

El primer edil castreño deseó que el Ministerio busque una solución para que esa actuación se pueda llevar a cabo cuanto antes «y la ciudadanía de Castro no suframos los problemas que hemos tenido con ese edificio».

A pesar del deseo del alcalde, lo cierto es que desde julio de 2018 no se ha producido ningún avance con respecto a este expediente. Entonces, el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, señaló que tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en los que se incluía una partida para la demolición del edificio (que asciende a unos 200.000 euros a los que se suman 500.000 de indemnización para los propietarios), solo quedaba esperar a que el Ministerio para la Transición Ecológica licitara las obras. Un acto administrativo que Osorio consideraba que «no tardaría mucho en producirse».

Intervención

A la espera de que se licitara la demolición, el Ayuntamiento de Castro, de forma subsidiaria y ante la inacción de Costas, tuvo que llevar a cabo una serie de trabajos para asegurar la fachada del edificio, muy deteriorada por los temporales y la falta de mantenimiento.

A mediados del pasado mes de junio, varios operarios del Consistorio castreño iniciaron una serie de obras con el fin de evitar posibles riesgos para las personas, lo que obligó a instalar una valla perimetral tanto en la zona de la playa como en la acera. La actuación respondía a una petición realizada por el Ayuntamiento de Castro para «evitar que entren personas al interior de un edificio que se encuentra muy deteriorado y de que pueda caer algún material de las ventanas y la fachada a la playa de Brazomar». La fachada del edificio y los ventanales son los que se encontraban en peores condiciones y de ahí el riesgo para las personas que circulan en las proximidades del antiguo hotel.

Las medidas de seguridad previstas iban encaminadas a minimizar el riesgo existente de caída de objetos sobre las personas y para ello se instaló un cierre, balizamiento y señalización de la zona. Se dejó un margen de cinco metros de ancho en la zona de la playa de Brazomar y de 1,5 metros en la fachada sur. También se cerraron todas las ventanas de la planta baja y las de la fachada norte en el resto de plantas con paneles de madera.

Asimismo, el Consistorio castreño colocó unos andamios con visera que permitan habilitar el tránsito de peatones bajo el edificio.