Denuncian ante la Fiscalía la construcción del teatro de Castro

Según apunta el candidato de OlaCantabria, en dicho plan de protección se recoge que no se permitirá la agrupación de más de dos parcelas y en ningún caso el lindero frontal resultante superará los doce metros dentro de los límites de este plan de protección. «Algo ya sabido por los servicios jurídicos municipales y que chocan con la firma del convenio, donde el Ayuntamiento se compromete a la agrupación de las parcelas números 5, 7 y 9 de la calle Ardigales en una sola, a la vez que sobrepasa los límites del lindero frontal de los doce metros estipulados».

Arcocha también solicita la investigación de las causas por las cuales antes de firma del convenio entre las instituciones en los planos del anteproyecto presentado por la empresa pública Gesvicán y en el concurso de ideas del proyecto viene reflejada una servidumbre de paso a los sótanos existentes en la parcela número 11 de la misma calle. «Sótanos que según el registro de la propiedad tienen su derecho de paso por el número 11 pero que no existe en la realidad. Por lo que necesitan una servidumbre de paso por los terrenos colindantes que pertenecen a Castro Urdiales».

Para OlaCantabria existen indicios de un presunto delito de tráfico de influencias, «ya que los promotores políticos de esta obra se reunieron en la sede de la Consejería de Obras Públicas con José María Mazón, José Orruela, exconcejal del PRC en Castro y gerente de Gesvicán; y Jesús Gutiérrez, concejal y portavoz municipal regionalista en Castro». Según apunta Arcocha, el registro de la propiedad, en nota simple, certifica que la propiedad de los sótanos, de 281 metros cuadrados, pertenece a las tres hermanas de Jesús Gutiérrez Castro. «Se dan los indicios necesarios para la comisión de este delito, la relación personal de los indiciarios que pertenecen al mismo partido político, a nivel regional y a nivel local, y existe una resolución beneficiosa económicamente para la familia de uno de estos promotores políticos».