Arranca el juicio del 'caso Proconor' de Castro con 20 encausados

Imagen de los primeros instantes del juicio. / Sane

La Fiscalía pide el derribo de un edificio de 51 viviendas, situado junto al Polideportivo Pachi Torre, por construirse sobre suelo destinado a equipamiento público

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

Apenas unas horas después de que los castreños conozcan a los 21 concejales que integrarán la nueva Corporación municipal, 18 expolíticos castreños (eran 19 pero falleció en febrero la exedil socialista María Ángeles Blanquet), una ingeniera y un exsecretario municipal se sientan en el banquillo de los acusados por el 'caso Proconor', que afecta al desarrollo urbanístico de la unidad de ejecución 1.26, ubicada junto al polideportivo Pachi Torre, donde se construyó un edificio de 51 viviendas sobre suelo destinado a equipamiento público -según las tesis del instructor del caso (el juez Acayro)-, razón por la que la Fiscalía pide su demolición.

Hoy la titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander, Rosa María Gutiérrez, preside el juicio que se celebra en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia y que continuará los días 28, 29 y 31, para retomarse los días 4, 6, 7 y 19 de junio. La intención de la magistrada es que la sesiones sean de mañana, aunque también alguna podría continuar por la tarde como ocurrió con el 'caso Santa Catalina'. Y es que la magistrada Gutiérrez fue la encargada, hace dos años, de ese otro caso de Castro en el que hay (a la espera de que la Audiencia resuelva los recursos de apelación) nueve condenados por la pérdida de 416 metros cuadrados en la zona situada entre el colegio Arturo Dúo y el polideportivo Pachi Torre destinados a equipamiento público.

Los 20 encausados

Expolíticos (18)
Fernando Muguruza, Rufino Díaz Helguera, Jaime Díez Muro, Juan Tomás Molinero, Concepción Carranza, José Miguel Rodríguez López, Ana Zubiaurre, Elisa Cantera, Salvador Hierro, Santiago Vélez, Joaquín Antuñano, Javier Zurbano, Paulino Lavín, Víctor Echevarría, Marta González, Guzmán Miranda, Pedro Olano y Teresa Pérez Barreda.
Técnicos (2)
La ingeniera del Ayuntamiento de Castro Urdiales, María del Carmen Villanueva, y el exsecretario municipal, César Saiz.

La zona investigada en el 'caso Proconor' está a escasos metros de la de 'Santa Catalina'. Según el instructor del caso, «se ha reducido el equipamiento público en cerca de 600 metros cuadrados y con ello la continuidad espacial y funcional del conjunto de la superficie prevista en el Plan General (PGOU)». Acayro señaló que en el desarrollo de la unidad de ejecución 1.26, donde se levantan las 51 viviendas de Proconor, «se ha vulnerado de manera flagrante la legalidad urbanística, ya que se emitieron hasta cinco informes negativos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) y otros ocho de los servicios técnicos y jurídicos municipales.

Ante estos hechos, la Fiscalía, que pide la demolición del edificio de 51 viviendas (muchas de ellas habitadas) por invadir suelo que debió destinarse a equipamiento deportivo, solicitó en su escrito de acusación (de 2012) un año de cárcel y diecisiete de inhabilitación para el exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, y para la ingeniera municipal, Mari Carmen Villanueva, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística. El Ministerio Público justifica su petición asegurando que fue el exalcalde de Castro el que concedió la licencia de obras a Proconor y aprobó el estudio de detalle y los proyectos de reparcelación y urbanización, «a pesar de ser consciente de estar incumpliendo la normativa aplicable, al no haberse realizado las cesiones previstas por ley y no ampararse en un instrumento de planeamiento conforme a derecho». Respecto a la ingeniera municipal, la fiscal dice que emitió informe favorable de la licencia de construcción, «a sabiendas de la vulneración de la norma». Los otros 18 acusados en este procedimiento se enfrentan a penas de inhabilitación para empleo o cargo público.

Responsabilidades civiles

El pasado 31 de mayo de 2018, la magistrada Rosa María Gutiérrez emitió una providencia en la que acordaba la devolución de las actuaciones al Juzgado de Castro para subsanar el defecto procesal apreciado por no haber traslado al Ayuntamiento de Castro la responsabilidad civil subsidiaria que reclaman las acusaciones en el caso. Tras recibir esta providencia, el Juzgado castreño propuso a las partes «la anulación del auto de apertura de juicio oral de 2013 y la emisión de uno nuevo en el que se incluya al Ayuntamiento de Castro como responsable civil subsidiario». La instructora requirió tanto al Consistorio como a los 20 acusados (de los 24 iniciales dos fueron absueltos por la Audiencia y dos han fallecido) para que depositaran una fianza de 537.529 euros para asegurar sus responsabilidades pecuniarias. De su lado, las acusaciones particulares, Caixabank y BBVA, manifestaron que reclamaban responsabilidad civil pero que la cuantía debía fijarse en el juicio. Después, Caixabank concretó el importe de la responsabilidad civil exigible al Ayuntamiento de forma subsidiaria en 4.483.297 euros.

El macrojuicio de La Loma se celebra a partir de octubre

Junto al 'caso Proconor', aún quedan pendientes por enjuiciar otras tres causas de la veintena que instruyó el juez Acayro durante su estancia en los Juzgados castreños. El caso más importante, el de La Loma, comenzará a partir del próximo mes de octubre. 45 acusados -entre expolíticos (22), constructores (13) y técnicos municipales (7) y no municipales (3)- por la presunta concesión irregular de licencias y la construcción de viviendas sobre dominio público sin servicios de agua, luz y limpieza viaria. En esta causa, el fiscal solicita 196 años de cárcel para los encausados. De todos ellos, las penas más elevadas las solicita para el exarquitecto municipal, Pedro Restegui, para quien reclama 12 años de cárcel, igual número que para el exalcalde, Rufino Díaz Helguera. Los otros dos casos pendientes de juicio están ahora en manos de la Audiencia Provincial, que deberá resolver los recursos de apelación presentados por algunos de los acusados. Se trata del 'caso APD-2 de Cotolino' en el que están imputadas 12 personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, y del 'caso sobresueldos', en el que están imputados tres exalcaldes castreños: Rufino Díaz Helguera, Fernando Muguruza e Iván González.