Lolín presenta la demanda contra los dos plenos que tumbaron su convenio
Castro Urdiales ·
El Ayuntamiento de Castro, que ha tardado tres meses en presentar el expediente, tiene ahora veinte días para contestar a la petición de la empresa conservera
Conservas Lolín ya ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la demanda contra los ... plenos celebrados el pasado 4 de febrero y el 4 de mayo, en los que se tumbó el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Castro Urdiales para que la empresa se traslade al polígono de Vallegón y en su emplazamiento se instale un centro comercial, con el compromiso de la fábrica de construir una senda peatonal, ceder un local de casi mil metros cuadrados, un pozo y urbanizar toda la zona.
El conservera castreña recurre ahora al TSJC, después de que la Sala de lo Contencioso estimara parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Castro contra el auto del juez Acayro, titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, que ordenó repetir el pleno en el que se tumbó el convenio de Conservas Lolín, al rechazar la modificación del PGOU que permitía cambiar el suelo (de industrial a comercial) donde se ubica la fábrica, para la posterior construcción del centro comercial donde se instalaría, entre otras firmas, Mercadona.
En una sentencia en la que fue ponente el magistrado José Ignacio López Cárcamo, la Sala declaró nulo el auto de 6 de marzo emitido por Acayro en el que ordenaba repetir el pleno en el que se tumbó por primera vez la modificación del PGOU de Castro «por fraude de ley». Y lo anulaba por «la falta de competencia objetivas del Juzgado para el control jurídico». Aunque dejó a salvo el derecho de Conservas Lolín a impugnar dicho pleno a través de un recurso contencioso-administrativo que deberá presentar ante el propio TSJC.
El último trámite para la entrada en vigor del convenio con la conservera cuenta con todos los informes favorables
Han pasado más de tres meses desde que la conservera presentara inicialmente su recurso contencioso-administrativo pidiendo la nulidad de ambos plenos, teniendo en cuenta que el último trámite para la entrada en vigor del convenio, el cambio de industrial a comercial del suelo donde se ubica la factoría, tiene todos los informes vinculantes favorables.
A finales del pasado mes de junio, la Sala reclamó a la Administración demanda, el Ayuntamiento de Castro, el expediente administrativo, que debía ser remitido en un plazo máximo de veinte días. Pero no ha sido hasta hace apenas unos días, tres meses después, cuando el Consistorio, gobernado por PSOE y Cs, ha entregado dicho expediente. Todo ello, después de que la Sala emitiera hace un mes una diligencia de ordenación en la que señalaba que devolvía el expediente remitido por el Consistorio en formato papel para que «sea debidamente remitido en soporte digital y en formato fichero XML con sistema de gestor documental, así como el índice del mismo impreso en papel».
En peligro los 50 empleos
Toda esta demora en el procedimiento va en contra de los intereses de Conservas Lolín, cuyo gerente, Jesús Gutiérrez, ya ha manifestado en varias ocasiones que confía en que no se demore el fallo de la Sala teniendo en cuenta la delicada situación de la empresa, con 50 trabajadores.
A esto se suma la incertidumbre que este asunto genera a Mercadona, que tiene en mente la instalación de un supermercado, con al menos 50 trabajadores, en el centro comercial previsto en la parcela de Lolín.
A exposición pública el estudio de detalle del otro centro comercial
El Ayuntamiento de Castro Urdiales sometió este miércoles a exposición pública por un plazo de veinte días la aprobación inicial del estudio de detalle 'El Ciprés', promovido inicialmente por Acciona Inmobiliaria y ahora por Yisas SA, para la construcción de un hotel y un centro comercial en la parcela ubicada junto al aparcamiento del hipermercado Eroski, en la entrada sur de Castro, a unos metros de Conservas Lolín. Aquellos que lo consideren podrán presentar alegaciones durante esos veinte días. En caso de que se presentaran, el Ayuntamiento tendría que resolverlas y, posteriormente, sería el Pleno municipal el que procedería a la aprobación definitiva del estudio, para lo que se requiere mayoría simple.
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