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La agrupación CastroVerde ha asegurado que 8 de los 13 millones anunciados por el Ayuntamiento de Castro Urdiales como remanente de tesorería están ya comprometidos con obras en ejecución y facturas pendientes de 2022.
La semana pasada el concejal de Hacienda, Pablo Antuñano, anunció que el cierre del año 2022 arrojó uno ahorro acumulado de 13 millones, «justificando con ello una buena salud de la economía municipal, atribuyéndolo a su eficiente gestión».
Esas declaraciones contradicen, según la formación ecologista, al mismo concejal, «que toda la legislatura ha venido criticando la gestión de CastroVerde que reportó unos ahorros de 6 millones en el anterior mandato, al entender que el Ayuntamiento no es un banco».
El grupo de la oposición critica que «en la reciente puesta en escena, no tuvo reparos en vender como bueno el haber acumulado el doble de ahorros», y comparan el contexto actual de equipo de gobierno (PSOE-Cs) con la época de gobierno de CastroVerde en el Ayuntamiento castreño. En este sentido recuerdan que CastroVerde «tuvo que hacer frente a indemnizaciones millonarias por gestiones anteriores y lidiar un límite de gasto que el Ministerio de Hacienda imponía a los Ayuntamientos, pero fue levantado como consecuencia del Covid, por lo que el único límite de gasto actual es la propia gestión o imaginación del gobernante».
Además aseveran que «los datos reales difieren de los anunciados», pues de los 13 millones de ahorro, 8 están ya comprometidos en diversas obras en curso, inversiones y gastos aprobados en los dos años anteriores y que se han quedado sin partida presupuestaria.
En concreto, según indica CastroVerde, «se deberán destinar 5,3 millones para obras en ejecución que ya estaban aprobadas en 2021, gastos de abogados y gratificaciones a funcionarios; otros 2,2 millones para inversiones de 2022; así como pagar unos 350.000 euros a Hacienda por liquidaciones de IVA.
Por ello, «el ahorro real acumulado se sitúa en torno a los 5 millones y no 13, con el que habrá que financiar las subidas de inflación de en torno a los 2 millones en contratos municipales, indemnizaciones judiciales a funcionarios, subida de salarios de la ley de presupuestos de dos años, aumento de gasto en festejos, etcétera», vaticinan desde la oposición, que lamentan también que son gastos «que deberá afrontar el próximo gobierno».
Todo ello supone para la formación ecologista una prueba más de cómo se ha venido gestionando el dinero público, «sin rigor, priorizando obras y actuaciones cosméticas para venderlas en las elecciones, en vez de haber aprovechado la ocasión única para ejecutar inversiones de envergadura», valoraron.
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