El traslado de Conservas Lolín a Vallegón recibe su primer 'no' en el Ayuntamiento antes de ir a Pleno

Este jueves por la mañana, se celebró la Comisión Informativa de Desarrollo Territorial en la que se llevó para su dictamen la propuesta de regionalistas y ecologistas. Pero no se aprobó porque los tres votos favorables de PRC y CastroVerde se toparon con los negativos de PSOE, Cs y Podemos. De su lado, la representante del PP no acudió a la citada comisión.

Según señalaron desde el PRC a este periódico, la comisión fue «exprés», entre otras razones porque únicamente los regionalistas tomaron la palabra. El resto de grupos no quisieron pronunciarse ni motivaron su voto contrario a la propuesta. El que sí lo hizo fue el PRC, que considera que el expediente está «completo» y que «es el momento de aprobarlo, porque no hay ningún motivo para no llevarlo a pleno». Los regionalistas recuerdan los beneficios de este traslado no solo para la empresa, «que mantendría sus 50 puestos de trabajo» sino para el Ayuntamiento, al tiempo que señalan que la construcción de un centro comercial en la parcela que ocupa ahora la factoría supondría la creación de otros 90 puestos de trabajo. «Todo el mundo quiere que este convenio se lleve a cabo. No se puede destruir una industria con 60 años de historia. El expediente está completo y todos los informes son favorables, con lo que no hay motivos para no apoyarlo».

Así las cosas, habrá que esperar al próximo martes para conocer si en el pleno extraordinario se mantienen estos votos o varían. Cabe recordar que para que el punto salga adelante se necesita mayoría cualificada de la Corporación. Es decir, 11 votos favorables sobre 21. Para ello, a los cinco votos del PRC (Jesús Gutiérrez no puede votar en este punto por ser afectado) y los tres de CastroVerde, habría que sumar otros tres más para que el acuerdo saliese adelante.

Precisamente, la advertencia de Conservas Lolín sobre el sentido que debería tener el voto de los concejales, al contar la propuesta con todos los informes favorables, es lo que ha desatado la polémica. La conservera remitió hace unos días un escrito a los miembros de la Corporación en el que señalaba que, «aunque de forma simplista podría sostenerse que conforme a lo dispuesto en el artículo 17.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos; lo cierto es que cuando con la mera omisión se alcanza el mismo resultado injusto que con el voto emitido en sentido positivo y negativo, entonces el mencionado precepto debe ser excepcionado porque es la propia abstención la que da lugar a una omisión del órgano colegiado que lesiona el bien jurídicamente protegido en el ámbito penal».

El responsable de la conservera apuntaba que la aprobación de la modificación, que supone el cumplimiento del convenio suscrito con el Ayuntamiento, requiere de una mayoría cualificada y que la abstención, o el mero incumplimiento del deber de asistencia al Pleno imposibilitaría el acuerdo y ocasionaría el perjuicio advertido. «El resultado final sería la ausencia de la actuación debida, contraria a lo que el ordenamiento jurídico esperaría para la salvaguarda del bien jurídico protegido».

Frente a esta advertencia, el equipo de gobierno castreño (PSOE-Cs) y PP y Podemos (en la oposición) han presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro por «coacciones» y «amenazas». Consideran estas afirmaciones «una coacción respecto a nuestras funciones públicas y al Derecho fundamental como representantes municipales».

«Se nos está requiriendo la obligación de aprobar un instrumento urbanístico de modificación puntual del Plan General de la localidad bajo la amenaza de responsabilidades personales de todo tipo». Esta «coacción» para condicionar el voto es «ilegítima», denunciaron.