Un centenar de vecinos se asocia para frenar el polígono industrial de Laredo
El colectivo ultima las alegaciones contra el PSIR del Gobierno regional, que pretende crear un parque empresarial de 52 hectáreas en el barrio El Callejo-La Pesquera
Saben que la lucha será larga y dura, pero ya han dado el primer paso en firme por la causa. Un centenar de vecinos de ... Laredo y Colindres se han constituido formalmente como Asociación de Afectados por el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Industrial y Empresarial de Laredo. Su objetivo es frenar el plan del Gobierno de Cantabria, a petición del Ayuntamiento de Laredo, de construir un polígono industrial de 52 hectáreas en terrenos del barrio El Callejo-La Pesquera. Para ejecutarlo, se pretende expropiar tanto parcelas como 57 viviendas unifamiliares de la zona «a unos precios irrisorios».
El colectivo denuncia el «maltrato» de la Administración autonómica y local en este proceso, que ven «injusto e irregular» y dejan claro que «no les mueve ninguna afiliación política, sino que defendemos el derecho de las personas que llevan viviendo aquí toda la vida». La asociación, que se presentará públicamente el próximo viernes, 19 de septiembre, en una rueda de prensa, está trabajando actualmente en la formulación de alegaciones contra la aprobación del PSIR, impulsado a través de la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN).
El abogado de la plataforma, Ricardo Gundín, desgrana los argumentos que registrarán para la impugnación. De primeras, expone que el Ejecutivo regional «no ha sido capaz de justificar técnicamente» en la aprobación del PSIR la «necesidad de una actuación industrial tan mastodóntica». La intención es crear un polígono industrial de 52.000 metros cuadrados cuando «no existe una demanda tan grande» y teme que este PSIR «fracase» como otros que se han desarrollado parcialmente en la región.
Expropiación a «precio irrisorio»
Otra de los reproches del colectivo es que para levantar el parque empresarial se va a expropiar «todo un barrio» actualmente ocupado por 57 viviendas unifamiliares, huertos, árboles y caminos rurales. «Son terrenos ubicados en un lugar privilegiado de Laredo, entre la playa Salvé y del Regatón, que van a desaparecer para convertirlo en una mole de hormigón y policarbonato». El Gobierno de Cantabria pretende desalojar de sus casas a las familias pagándoles 15 euros por metro cuadrado del suelo, – «un precio muy inferior al del mercado» – y reubicarles en una «lateral» del proyecto en un bloque de pisos. «Ni es razonable, ni se entiende tampoco». Además, apostilla Gundín, «los aprovechamientos urbanísticos económicos que debería percibir el Ayuntamiento de Laredo, se los va a quedar en este caso la Administración regional».
En la lista de alegaciones, en el apartado de la sostenibilidad, también figurará que esta zona carece de capacidad de depuración y de conexiones de saneamiento «suficientes» para acoger la cantidad de residuos que puede generar un polígono de este calibre. «Y tampoco tiene sistema de accesos». A nivel ambiental, señala el abogado, la inmensa parcela elegida cuenta con zonas «muy inundables», el paso de dos regatos y linda con el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. «Tanto durante la construcción como en el día a día habrá un impacto ambiental importante por ruidos, tráfico de vehículo pesados y olores, en función de la actividad que se desarrolle».
Asimismo, Gundín considera que este PSIR vulnera el Plan de Ordenación del Litoral (POL) que, «en su momento, ya determinó unas zonas para los parques empresariales» y reprocha que este proyecto «le quita competencias al Ayuntamiento de Laredo, que es quien debería desarrollar urbanísticamente el pueblo. No podemos entender como el alcalde puede hacer esta dejadez de funciones».
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