El parque empresarial de Laredo, el último proyecto que enfrenta a políticos y vecinos

Frente a las discrepancias que hay en la recién creada Plataforma contra el PSIR de Laredo, cuyos integrantes se oponen a la expropiación de 47 viviendas (ellos hablan de 57) y 312 parcelas, hay que decir que este proyecto cuenta con el visto bueno de todos los partidos políticos del municipio, que en un pleno de 2018 instaron al Gobierno de Cantabria a que declarase un PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) en el nuevo polígono con la intención de desbloquear la situación del suelo industrial pejino para poder generar empleo a través de la implantación de empresas. Todos ellos realizaron esa petición después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) tumbara en el año 2016 el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) aprobado un año antes, que preveía 540.000 metros cuadrados de suelo industrial y que, de haber salido adelante, hubiese dejado jugosos beneficios a quienes ahora se oponen al proyecto, si hubiesen vendido sus parcelas.

Fue el pasado 15 de julio, cuando la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) aprobó inicialmente ese PSIR que permite la construcción del nuevo parque empresarial. A partir de ahí, se abrió un plazo de alegaciones de 45 días, que aún no ha finalizado, y que, una vez resueltas, daría paso a la aprobación definitiva del proyecto, prevista para mediados del 2026. Después, se estima un plazo de dos años para la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la primera fase (190.000 metros cuadrados), con lo que no sería hasta mediados de 2028 cuando comenzaría la comercialización de las parcelas. Se calcula en tres años el plazo de venta del 80% de las parcelas de esa primera fase (2031).

Una vez enajenado el 80% del suelo, se daría inicio a la urbanización de la segunda fase (325.000 metros cuadrados), cuyo plazo de ejecución se estima en tres años (2034). Esta actuación iría paralela a la venta del 20% restante de las parcelas de la primera fase. Concluida la urbanización de la segunda fase se procedería a la comercialización de las parcelas obtenidas, cuyo plazo también se estima en tres años (2037).

A la hora de justificar la necesidad de este parque empresarial, el Gobierno regional apunta que la disponibilidad de suelo de la comarca oriental y del Asón es «absolutamente deficitaria». Los polígonos de Ambrosero, Las Marismas (Santoña) y Marrón (Ampuero) tienen ocupaciones de prácticamente el 100%. El Parque Empresarial Alto Asón, en Ramales de la Victoria, presenta una ocupación (incluidas reservas) del 83%, el de Marina-Medio Cudeyo, cercana al 80%; el Polígono de El Bosque, en Entrambasaguas, y el del Vallegón I (Sámano) están ya al 100%, mientras que en Vallegón II se encuentra pendiente de comercialización el 100% (82.000 metros cuadrados).

Sin embargo, la Plataforma contra el PSIR sostiene, por un lado, que en Cantabria «hay un millón de metros de suelo industrial sin desarrollar» y que los grupos parlamentarios les han trasladado que «no hay una demanda real objetiva». «Nadie nos lo ha justificado», apunta el presidente Víctor Echevarría. Y eso, a pesar de que fue el bipartito PSOE-PRC el que promovió este PSIR en la anterior legislatura y que ahora cuenta con el respaldo del PP. «Es una situación injusta. La superficie prevista es mastodóntica. Además, el Ayuntamiento se queda sin la competencia de la gestión del suelo ni los aprovechamientos», afirman. Aunque en todos los PSIR la gestión la asume el Gobierno de Cantabria.

Desde el colectivo vecinal aseguran que presentarán alegaciones (han pedido más plazo) contra el PSIR. «Vamos contra él hasta las últimas consecuencias», advierte Echevarría, que no cierra la puerta a una futura negociación. De hecho, pretende mantener un encuentro con la presidenta regional y tiene pendiente una nueva reunión con el alcalde de Laredo, que está siendo el «nexo de unión» entre afectados y Ejecutivo regional. «Apelamos al diálogo», proclaman.

El regidor pejino Miguel González (PP), que se encuentra entre la espada y la pared, asegura que desconocía que este proyecto «afectaba a tantos vecinos» y, por eso, su misión es que ambas partes lleguen a un entendimiento del que todos salgan beneficiados. «Vamos a intentar que las afecciones sean las menos posibles y hacer un polígono con criterio. Por eso habrá que estudiar con detenimiento las alegaciones y habrá que ser muy sensibles». El alcalde está abierto a mantener cuantas reuniones sean necesarias para encauzar el problema, pero advierte que desde el Ayuntamiento tienen claro que «Laredo necesita suelo industrial. Todos los grupos municipales lo llevábamos en nuestros programas electorales».

También en el Ayuntamiento de Colindres creen que es beneficiosa la creación de este parque empresarial, pero van a presentar alegaciones porque hay varias cuestiones que les preocupan, según apunta el alcalde Javier Incera (PSOE), como «la movilidad del tráfico entre Laredo y Colindres, el aumento de la circulación en el núcleo urbano del municipio, las complicaciones para llegar al hospital de Laredo, el abastecimiento y la conexión al saneamiento, y la falta de vivienda para los futuros trabajadores del parque».

Ante el malestar generado, el consejero de Fomento, Roberto Media, manda un mensaje de tranquilidad. «Una vez que recibamos las alegaciones veremos qué es lo razonable. Somos gente receptiva y no hacemos barbaridades. No hay nada decidido. Necesitamos suelo industrial en esa comarca y veremos si tiene que ser el medio millón de metros o menos. Todavía estamos en un periodo muy inicial».