Comillas firma un convenio urbanístico sobre la plaza de 'El Potro' y el PP lo tilda de «trato de favor»

El aspecto que ha generado controversia es que la medida va sujeta a la firma de un convenio del Ayuntamiento con el propietario de una vivienda y de una finca que colinda con el citado edificio –ubicado al lado de la plaza– y que con esta actuación «se vería claramente beneficiado», según el PP. Un extremo que niegan taxativamente desde el Consistorio, que se apoyan en un informe realizado por los técnicos municipales que alude a «la obligación urbanística de derribo del inmueble, vigente desde 2008» y a la que no se habría dado cumplimiento.

¿Por qué ahora? El Ayuntamiento 'aprovecha' la circunstancia de que el titular del terreno colindante incrementará los metros cuadrados construidos de su parcela y a cambio, compensará económicamente a la Administración Local, que empleará el montante –no se ha especificado la cantidad– para la compra del polémico edificio y su posterior derribo. Y cumplir así, con la normativa. La construcción, de 36 metros cuadrados y que servía como almacén de material de herraje, lleva años en desuso y la intervención incluye la demolición de la planta baja y la reposición del pavimento con materiales similares a los existentes.

Otro detalle –el de la renovación del empedrado– que genera desacuerdo entre los concejales. El PP acusa al gobierno local de «trato de favor» y asegura que la única persona que se beneficia del contrato «es el titular de esta propiedad», ya que aumenta los metros cuadrados construidos en su terreno sin «ceder nada para el interés público». Al contrario, «con la retirada de la edificación, airea y mejora el acabado de la fachada norte de su vivienda de verano actual», aducen.

El Consistorio defiende, en cambio, que la eliminación del inmueble «es necesaria para cumplir las alineaciones del Plan General y evitar una futura construcción de difícil integración estética en el centro histórico». Se retira «un espacio sin protección patrimonial, se evita una edificación discordante y se gana una plaza pública completamente urbanizada». «El equipo técnico municipal ha determinado que el coste de adquisición del inmueble y de las obras son conceptos diferentes» y «el acabado de la fachada no responde a beneficios privados, sino a la necesidad de preservar la estética urbana». En este sentido, «los principales beneficiarios son los vecinos», insisten.

La actuación «permitirá transformar un vial del casco histórico en un espacio plenamente peatonal y reurbanizar la plaza en base a criterios de calidad». Según los informes técnicos, «es lógico que el Consistorio asuma el coste total de la eliminación del edificio fuera de ordenación y su reurbanización, mientas que al propietario se le exija únicamente la aportación equivalente al valor fijado por los técnicos».

Además, «la intervención preservará la apariencia tradicional del lugar, reforzará su valor histórico y reducirá costes gracias a la aportación derivada del convenio». La oposición votó en contra de la modificación del PGOU que permite arrancar el proyecto, sujeto a multitud de trámites administrativos que no serán resueltos de forma inmediata. El PP plantea emplear el edificio para crear un espacio cultural dedicado al sector primaria y además recuerda que se encuentra «en zona inundable».