La Audiencia deja a Puerto Gallego y a sus ediles con un pie en el banquillo

Puerto Gallego anunció su dimisión tras conocer que el Supremo la iba a investigar. /Andrés Fernández
Puerto Gallego anunció su dimisión tras conocer que el Supremo la iba a investigar. / Andrés Fernández

El tribunal reitera que hubo fraccionamiento de contratos municipales en Santoña entre 2003 y 2009, aunque excluye del caso las presuntas irregularidades en las horas extra

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER.

Ya no hay vuelta atrás. La Audiencia de Cantabria ha puesto a la exalcaldesa socialista de Santoña Puerto Gallego y a su equipo de gobierno entre 2003 y 2009 con un pie en el banquillo por haber fraccionado contratos municipales en esa etapa para adjudicarlos a dedo a cuatro empresas. El tribunal firmó a finales de agosto un auto, que se ha conocido ahora, en el que confirma que Gallego y sus concejales pudieron cometer un delito de prevaricación administrativa por trocear contratos de servicios de mantenimiento y limpieza y adjudicarlos sin concurso previo, a pesar de los reparos «constantes y repetidos» formulados por el interventor del Ayuntamiento.

Ahora, la causa volverá al Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña, que dará traslado del procedimiento a las partes -Ministerio Fiscal, acusaciones y defensas- para que presenten el escrito de conclusiones, tras lo cual acordará la apertura de juicio oral y se señalará la fecha de la vista.

CRONOLOGÍA

Diciembre de 2009
El exconcejal Leoncio Calle Pila denuncia a Puerto Gallego y ocho concejales socialistas.
Febrero de 2010
El PP de Santoña se suma a la denuncia.
Noviembre de 2013
El fiscal solicita el archivo.
Febrero de 2014
La juez ve indicios de delito y se inhibe al Supremo.
Septiembre de 2016
El Supremo ve indicios de delito. Gallego dimite.

En lo político, la resolución judicial salpica de lleno a los dos únicos imputados que permanecen en activo como concejales en el Ayuntamiento santoñés, los socialistas María Antonia Alonso Quintana y Jesús María Valle, ya que Puerto Gallego dimitió como diputada al Congreso en septiembre de 2016.

El tribunal subraya que el equipo de gobierno no hizo caso a los reparos del interventor

La denuncia presentada hace casi una década por el exconcejal del Movimiento Falangista de Santoña Leoncio Calle Pila, a la que posteriormente se sumó el PP, se llevó por delante la carrera política de Gallego cuando el Tribunal Supremo dio a conocer que iba a investigar a la parlamentaria tras apreciar la existencia de indicios de la comisión de un delito de prevaricación. Antes de ser citada a declarar como imputada, la dirigente socialista se reunió con su partido y entregó su acta. Gallego se apartó de todos los cargos y volvió a ejercer la pedriatría. La exalcaldesa de Santoña dijo entonces que no quería «ensombrecer, en ningún caso, la determinación de los socialistas de promover la regeneración», y encaró su defensa fuera del escenario político. Por aquel entonces, septiembre de 2016, el PSOE llevaba meses manteniendo un duro discurso contra la corrupción con el PP en el punto de mira, un discurso que colocó contra las cuerdas a la cántabra. De este modo, Gallego se retiró de la política activa después de quince años en ese ruedo, cuando una moción de censura al entonces alcalde popular Pedro Luis García la aupó a la alcaldía de Santoña en 2001, donde permaneció diez años.

Precisamente fue su gestión entre 2003 y 2009 la que está bajo el escrutinio judicial. Según la juez de Santoña primero y ahora coincide la Audiencia, en ese periodo la Junta de Gobierno adjudicó diversos contratos administrativos a cuatro empresas (Atys, Taesa 2000, Arko y Limpiezas Veci), «en los que se prescindió de concurso previo cuando se superaba la cuantía que definía al contrato como menor». Para ello, «se fraccionaban los contratos para lograr que las cuantías fueran inferiores a las reales, que exigían el procedimiento abierto (18.000 euros, según la Ley de Contratos del Sector Público de 2007), y se procedía sin más exigencias a aprobar el gasto y a abonar las facturas presentadas». Todo ello a pesar de los reparos de legalidad que «de forma constante y repetida» realizó el interventor del Ayuntamiento santoñés, «reparos que ni se levantaban ni eran atendidos». Los contratos en cuestión se referían siempre a mantenimiento y limpieza.

En lo que la Audiencia no ve indicios de delito sino «un actuar negligente» es en las supuestas irregularidades en el abono de horas extraordinarias, un asunto incluido en las denuncias de Leoncio Calle Pila y el PP, que la juez incluyó en el objeto de la acusación. La Sección Tercera de la Audiencia estima las alegaciones de los abogados defensores y archiva esta acusación al considerar que no existe ilícito penal sino «una mera irregularidad administrativa». El tribunal considera probado que entre 2003 y 2009 el personal laboral del Ayuntamiento realizó horas extra que superaban el cómputo legalmente permitido, si bien «no consta que se omitiera el preceptivo control presupuestario, ni se ha cuestionado su prestación o la necesidad de las mismas». En sintonía también con el Ministerio Fiscal, la Audiencia sostiene que «no parece que la intención de los investigados fuese sobrepasar deliberadamente el máximo horario por motivos espurios o arbitrarios», por lo que, a la vista de los reparos del interventor, se trata de una forma de actuar «negligente», pero no constitutiva de un ilícito penal.

Los dos ediles imputados, atados por el códigoético socialista

El 'caso Gallego', no sólo implica a la exalcaldesa. Afecta también a los ocho concejales socialistas que integraban su equipo de gobierno entre 2003 y 2009, con los que tomó las decisiones bajo lupa judicial. Sin embargo, en la actualidad sólo dos se mantienen como concejales en el Ayuntamiento. Se trata de María Antonia Alonso, concejala de Obras y Servicios, y Jesús Valle Rosete, responsable de Turismo.

Los dos tienen los días contados como concejales, de acuerdo con el código ético del Partido Socialista, que marca la apertura de juicio oral por procedimiento penal como el momento en que el cargo público u orgánico debe dimitir.

Tras la resolución de la Audiencia, que confirma en parte el auto judicial de procesamiento de los nueve imputados, la juez instructora dará traslado al fiscal, acusación y defensas personadas en el caso para que emitan su informe de conclusiones y después dictará el auto de apertura de juicio oral, momento en el que ambos ediles tendrían que dimitir de acuerdo con las normas éticas del partido. En caso de no hacerlo, es la formación política quien procede a la suspensión cautelar de militancia.

Puerto Gallego fue por delante del código ético del partido y entregó el acta de parlamentaria en el Congreso en el mismo momento en que supo que el Tribunal Supremo iba a investigarla por un presunto delito de prevaricación. Lo había prometido y lo cumplió sin ningún tipo de resistencia. Tras su dimisión, Gallego declaró como imputada en el Juzgado de Santoña en octubre del año pasado, ocho años después de la denuncia del exconcejal falanguista. Los ocho ediles restantes lo habían hecho en 2013.

 

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