Bareyo corta el suministro de luz y agua de la parte ilegal del camping Arenas de Ajo

La sentencia avala la desaparición de un total de nueve parcelas –más de la mitad de las actuales instalaciones del camping– al haber sido construidas en ampliaciones posteriores a la apertura del establecimiento, de manera «clandestina» y «sin ningún tipo de licencia». Tampoco contaban con un estudio ambiental, pese a que afectaban a una zona incluida dentro del área de protección del Plan de Ordenación del Litoral (POL). El veredicto del Contencioso que fue muy duro con los responsables del camping, también aludió a que «en ningún» momento desde el establecimiento negaron estos hechos.

Ante esta cadena de irregularidades, la sala del TSJC respalda al Ayuntamiento −y a un vecino del camping que en primera instancia denunció al negocio ante el Consistorio− para restablecer la legalidad urbanística de la zona afectada.

El juez fija unos plazos para la ejecución del acuerdo de demolición tomado en Junta de Gobierno de julio de 2022. El primero en cumplirlos ha sido el alcalde de Bareyo, Pedro Prieto, que el pasado lunes, conforme a lo ordenado por la resolución, procedió a cortar el agua y la luz de las parcelas ilegales. Esperó al último día posible para eliminar estos suministros. De no hacerlo, dice, «se me acusaría a mí de prevaricación».

Además, el regidor remitió el pasado 23 de noviembre al responsable del camping de Ajo una notificación para instarle a que dé cumplimiento al fallo. Se le concede un plazo de dos meses para que presente en el Ayuntamiento un proyecto de demolición y proceder a su ejecución. «De no llevarse a cabo el derribo en este plazo, se procederá a la imposición de multas coercitivas, reiterables en periodos de tres meses», explica Prieto. Aunque el periodo está cerca de expirar, la propiedad no ha presentado nada en el Consistorio.

El regidor cuenta que al margen del procedimiento judicial, ha conocido que el responsable del camping ha presentado un proyecto de ampliación y legalización de la parte de la instalación afectada conforme a la nueva Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno de Cantabria en 2023. «Creo que ya ha presentado el proyecto en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) y supongo que esté a la espera de una respuesta».

El regidor desconoce si finalmente puede tener cabida, pero supone que «si han tomado esa decisión es porque creerán que tienen vías de poder legalizarlo». En cualquier caso, remarca Prieto, son dos procedimientos distintos. «El Ayuntamiento lo que hace es cumplir la sentencia y, en tanto no recibamos ningún informe favorable de la Crotu para poder legalizarlo, tampoco podemos hacer nada».