El Supremo ratifica la anulación del Plan de las Marismas y da la puntilla a 225 chalés de Argoños

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha desestimado los dos recursos presentados por el Gobierno de Cantabria contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que estimó a finales de 2022 sendos recursos presentados por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y por el propietario de una finca afectada contra el decreto que en 2018 aprobó el PORN, con lo que anulaba el Plan.

El fallo, que ratifica el anterior, deja en una situación de inseguridad jurídica a las 225 viviendas de Argoños sobre las que pesan sentencias de demolición, ya que echa por tierra la hoja de ruta que fijó el anterior Gobierno de Cantabria para intentar regularizar algunas de las casas de este municipio. Y es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños, aprobado de forma definitiva en octubre de 2022 por la Crotu era el mecanismo imprescindible para lograr salvar de la piqueta las viviendas. Ahora, ese PGOU tendría que decaer al incluir un PORN que ha sido declarado nulo.

«Volvemos a la casilla de salida. Veinte años atrás. Al PORN anterior. Después de tanto tiempo seguimos sin una solución y ya son casi 300 los afectados que se han quedado por el camino. Queremos que esto se acabe ya y que tanto la Justicia como la Administración regional repare el daño que nos han causado», aseguraba ayer Antonio Vilela, presidente de AMA (Asociación de Maltratados por la Administración), poco después de conocer una resolución, que no le cogió por sorpresa porque ya contemplaba que había muchas opciones de que los recursos del Gobierno no prosperasen.

«Es un auténtico mazazo, es matarnos en vida. Es la puntilla de 225 viviendas que tienen orden de derribo. Por eso queremos que no nos torturen más y se acabe esto», aseveró, al tiempo que apuntó que la solución ahora pasa porque el Gobierno de Cantabria ofrezca a los afectados una vivienda de sustitución o una indemnización. «El problema es que cuando el Gobierno regional recurrió en 2022 la primera sentencia no tenía un 'plan B', así que ahora a ver qué hace el actual Ejecutivo regional».

Vilela explicó que el 80% de Argoños está afectado por el PORN, con lo que al declararse ilegal lo normal es que el PGOU decaiga. Lo paradójico es que algunas de las viviendas afectadas se encuentran en suelo urbano consolidado, «con lo que una vez que sean derribadas se podría volver a construir sobre las fincas donde se levantan».

Desde el Gobierno de Cantabria, el consejero de Fomento, Roberto Media, anunció que, una vez que analicen la sentencia, pondrán en marcha una hoja de ruta para firmar convenios con todos los afectados a los que darán la posibilidad de elegir entre una indemnización o una vivienda de sustitución. «Nadie va a quedar desamparado. Daremos soluciones individuales».