Un estudio geotécnico certifica, según Costas, la «inestabilidad» de los accesos a la playa de Langre

Tras el malestar surgido en Langre por el cierre de su arenal más local por parte de Costas –ya que se trata de una playa que utilizan tradicionalmente vecinos y pescadores–, la Administración estatal defiende ahora que lo que se ha hecho no es ni más ni menos que lo que estaba en el proyecto de ejecución que desde hace casi cuatro años conocía el Ayuntamiento porque se les había comunicado en diversas ocasiones. También aluden a la existencia de un informe geotécnico sobre el mal estado de la ladera del acantilado de acceso al arenal que alerta de la «inestabilidad del terreno«, por lo que la actuación se ajusta a lo proyectado hace ya más de tres años. En el informe, donde Costas alega «entender» que los vecinos quieran recuperar los accesos, también aluden a que existe una «degradación natural del suelo» con desprendimientos en la «segunda mitad» del acantilado, fenómenos que «se desarrollan de forma continuada» o periódica que lo desaconsejan. Añaden además que hay una «difícil percepción del peligro existente» por parte de los usuarios, lo que podría llevar «a no ver el riesgo», resumen.

Sin embargo, desde la junta vecinal y el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar se niega la mayor. Se afirma que siempre se habló de retirar unas escaleras que «nunca quisimos», recordando las manifestaciones del pueblo en los años noventa contra Costas por querer instalarlas, eso «y un paseo entre las dos playas», recuerdan. El problema de fondo es que una vez concluida la retirada de la escalera, se ha dejado «peor de lo que estaba el viejo camino natural e inaccesible». Además, recalcan que el Ayuntamiento ni la Junta Vecinal se ha apartado nunca de aportar o ayudar para recuperar ese camino de acceso que existía.

«Desde el Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Langre sabíamos que se iban a eliminar esas barreras, pero no nos dijeron que se iba a clausurar la entrada», relata ahora la presidenta de la Junta de Langre y primer teniente de alcalde de Ribamontán al Mar, Araceli Colina. Afirma no entender porque se alega ahora lo de un estudio geotécnico que desconocían y asegura que «antes de hacer la obra ya lo tenían que saber». En este sentido recuerda que fue Costas quien puso la escalera «a la fuerza» ya que el pueblo «nunca la quiso, pero ellos no nos hicieron caso», lamenta la responsable municipal.

Ahora, la pregunta que se hace Colina es «si han ejecutado todo el proyecto o es otro, porque queremos verlo». A su juicio, se echa en falta alguna «escollera» y redes de contención que les contaron que estaban contempladas también, al menos en el primer proyecto. Cabe recordar que la ejecución que se licitó, quedó desierta y luego se volvió a adjudicar en 96.000 euros. En ese proceso se ha tardado casi cuatro años en retirar las escaleras que un temporal de mar se llevó por delante.

Del mismo modo, el presidente de la Asociación de Hosteleros Turísticos de Ribamontán al Mar, Ribatur, Jesús Blanco, exige respuestas a sus preguntas. Entre ellas «¿Qué sentido tiene invertir 96.000 euros en un proyecto que es inviable?, para eso no tienen que hacer nada, deberían haber dejado el sendero natural por el que bajan los vecinos hace 300 años y nunca pasó nada», afirma. Los hosteleros y la junta vecinal también han solicitado a la delegada del Gobierno en Cantabria, María Eugenia Gómez de Diego, que les reciba para ver una solución, de otro modo, Langre tendrá «la primera cala privada de Cantabria, a la que solo se podrá llegar en barco o en canoa», ironizó.