Medio Ambiente obliga a repoblar el bosque de Loredo

Un hombre y un niño contemplan la tala de árboles el pasado febrero de 2017. :: dm/
Un hombre y un niño contemplan la tala de árboles el pasado febrero de 2017. :: dm

La resolución sobresee el expediente sancionador incoado a la empresa que ejecutó la tala, Maderas Ison S. L, aunque tendrá que reforestar la zona junto a Emilio Bolado

ELENA TRESGALLO RIBAMONTÁN AL MAR.

La Consejería de Medio Ambiente ha resuelto «imponer de manera solidaria» a Maderas Ison S.L y a los administradores concursales de Emilio Bolado S. L «la presentación y ejecución» del plan de reforestación con especies autóctonas del bosque de Loredo. Lo hacen más de un año después de las denuncias ciudadanas que paralizaron la tala en zona de servidumbre de costas, e hicieron reaccionar a la administración con resoluciones contradictorias entre Consejerías. El expediente -que ahora ha dado a conocer la Plataforma SOS Bosque de Loredo- recoge parte de las recomendaciones realizadas en su día por el Defensor del Pueblo, a instancias de este colectivo.

En febrero del año 2017, la Consejería de Medio Rural autorizó la tala de 630 pinos y 480 eucaliptos en una finca privada conocida como el Bosque de Loredo, muy cercana a la playa de Los Peligros. La presión de los vecinos contrarios a la tala y su denuncia pública y administrativa hizo que se reconsideraran los permisos, y la tala se paralizó hasta en dos ocasiones. Finalmente, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) zanjó el asunto en diciembre pasado, declarando ilegal la tala por estar dentro de zona de servidumbre de dominio público marítimo terrestre, aunque ya estaba casi todo cortado y acarreado.

Sin sanción económica

En las motivaciones de la resolución impuesta por el Ejecutivo, a través de Medio Ambiente, se considera probado que «no hubo dolo o culpa» por parte de la empresa que se contrató para hacer la tala (Maderas Ison) y los propietarios de la finca (Administrador concursal de Emilio Bolado), por lo que les exime de las sanciones económicas que se les pedían, aunque les obligan a reforestar al considerar que hubo daños. Un veredicto al que llegan tras admitir que el comportamiento de las administraciones públicas implicadas (Ayuntamiento de Ribamontán al Mar y Dirección General de Medio Natural) pudo inducir «a error» y situar a ambas empresas en el convencimiento de que actuaban conforme a la legalidad con la tala.

Al respecto, y según lo que declararon en su día los denunciados, ellos actuaron en base a los permisos solicitados al Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, que les selló los mismos, de cara a solicitar también los permisos a Medio Natural que también les autorizó. Fue este último organismo quien, tras las denuncias, paralizó la tala y volvió a dar los permisos unos días después. Finalmente, en enero de 2018, la Crotu rechazaba legalizar la tala.

Tras conocer la resolución, que indica la restauración ambiental de la zona, los miembros de la Plataforma se muestran expectantes ante la presentación del plan de reforestación por parte de los denunciados, y que tendrá que presentarse «en dos meses», según la resolución.

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