El PRC acusa al alcalde de Solórzano de «enchufismo» al cubrir una plaza pública

Por su parte, el alcalde reconoció ayer que cometió «un error» a la hora de establecer el criterio específico de la edad, aunque defendió la legalidad del proceso, «ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) corrigió el error y eliminó este precepto de la convocatoria, por lo que todo se hizo en base a la normativa». De hecho, esgrimió Campos, «se presentaron un total de veinte candidatos, de los cuales fueron seleccionados seis y finalmente se contrató a la persona que está desarrollando esta labor en el Consistorio desde hace cuatro meses con bastante eficacia».

En concreto y según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento de Solórzano elaboró un informe –firmado por la secretaria-interventora municipal– el pasado mes de mayo para cubrir una plaza temporal de administrativo y, entre los preceptos, incluyó que los candidatos debían tener entre 26 y 28 años, una cláusula que podría ser inconstitucional. Sin embargo, el requisito «no pasó el filtro del SEPE y la oferta fue publicada sin tener en cuenta límite de edad alguno». Es por eso que el alcalde popular defiende que la contratación«se realizó según los cauces que establece la normativa», al menos en lo que a la edad respecta. Además de este aspecto –tal y como se puede comprobar en la convocatoria lanzada en la página web del organismo de empleo público–, el aspirante debía tener conocimientos en Microsoft Office, experiencia previa en la rama jurídica, así como grado en Derecho y Máster de Acceso a la Abogacía. Se valoraba además formación específica en el ámbito de la Administración Local e inglés B2, pero no se aludía a la edad del aspirante.

Campos reconoce que «se equivocó» al incluir semejante precepto en la oferta de empleo y afirma desconocer cómo la secretaria-interventora municipal firmó el informe de necesidad de contratación por apoyo administrativo, con fecha del 21 de mayo, en el que se incluía la citada cláusula, a pesar de que podría ser ilegal. De hecho, el popular le restó importancia al 'error': «Todos los días elaboramos informes para solicitar subvenciones y pasan estas cosas, pero lo importante es que luego se depuró», explicó ayer el regidor. Un fallo que al parecer tampoco detectó la secretaria municipal.

Contra la versión del Ayuntamiento, la portavoz regionalista atribuyó lo ocurrido a una intención manifiesta del alcalde de otorgar el puesto a dedo. De hecho, tal y como expresó a través de un comunicado, la portavoz del PRC afirmó que «solo les faltó poner el nombre y los apellidos de la persona que finalmente fue contratada», a la que vincula con el entorno de la familia de Campos. «Son unos requisitos tan específicos y difíciles de cumplir simultáneamente, que solo una persona muy concreta podría reunirlos», dijo. Es más, aseveró, «la funcionaria titular de la plaza cubierta no los cumple». Para Perojo, esa restricción «artificial» de las oportunidades «evidencia que el proceso de selección se diseñó con nombres y apellidos y dirigido a un perfil cerrado».

Por todo ello, desde el PRC exigieron «la rescisión del contrato y la apertura de un nuevo proceso de selección ajustado a la ley, con criterios amplios, objetivos y auditables».

Campos afeó a los regionalistas no haber «presentado alegaciones durante el proceso selectivo» y les acusó de hacer público el informe sobre los requisitos que exigía el puesto,«tras solicitar la documentación en un pleno». A la vez, el alcalde de Solórzano reconoció que «a veces se hacen las cosas mal, pero luego estos informes pasan unos filtros y en este caso la contratación ha sido totalmente normal», defendió el popular, quien además aseguró no tener «relación» con la persona contratada,«más allá de que conozco a su novio como puedo conocer a cualquier otra persona».