Penagos tampoco quiere okupas

«Yo tengo miedo al volver a casa», admite Cristina Quintana que vive en la localidad desde hace 30 años. A ella le preocupa que crucen la valla y entren en su propiedad. También que accedan a las casas de la gente mayor que vive en la zona porque son «personas vulnerables». Para los vecinos con hijos la preocupación es por los más pequeños. Da igual el motivo, el sentir en Penagos es común: intranquilidad.

Ocurre que la vivienda okupada es un chalé de un conjunto de seis que llevan más de una década deshabitados después de que la constructora quebrara. No es una obra que quedara a medias. Al contrario, se finalizó por completo. En su momento las casas estaban amuebladas y listas para que su comprador entrara a vivir, pero nadie llegó a meter la llave en la cerradura y quedaron vacías. El tiempo ha pasado, «no se han tomado medidas» y al final, «era una situación que iba a llegar», resume Marta Alonso frente a unos chalés que en estos diez años han sido saqueados.

Al percatarse de la okupación y para evitar males mayores, los propios vecinos optaron por reunirse para hablar sobre la situación. Un encuentro al que también se acercó el alcalde de Penagos, José Carlos Lavín (Unión por Penagos), para pedirles «confianza» en la Administración e intentar trasladarles las líneas en las que trabaja ya el Ayuntamiento. No obstante, los vecinos no salieron especialmente contentos de la reunión porque «no sacamos ninguna conclusión clara», cuentan.

Precisamente, para pedir explicaciones al regidor, el grupo popular presentó también ayer una moción de pleno extraordinario. «Para que el alcalde explique bien lo ocurrido», señala Jesús Cobo, portavoz del PP en el Consistorio. Tanto el edil como los residentes del barrio comprenden que en estas situaciones no es posible adoptar medidas de un día para otro, pero se sienten «desamparados» porque no perciben que el alcalde esté tomando decisiones y actuando dentro de sus competencias. Por ejemplo, comprobando que los okupas no están haciendo uso de los servicios de luz y agua, una inspección que hizo este lunes por la mañana una patrulla de la Guardia Civil de Santa María de Cayón junto a un técnico del Ayuntamiento. Los agentes les pidieron que desalojaran el chalé y que, en caso de necesidad, utilizaran las líneas de ayudas sociales para solicitar una vivienda.

El alcalde se muestra optimista y espera desalojar la vivienda «en un plazo de diez a quince días como máximo», explicó ayer Lavín. Pero, mientras se soluciona, lanza una petición a los vecinos y es que tengan «confianza en la Administración» y en los pasos que el Ayuntamiento está dando desde que tuvo constancia de la okupación. «Estamos en contacto con la Guardia Civil desde el primer momento», añade. Pero recuerda que las medidas no se pueden adoptar con la celeridad con la que solicitan los vecinos, que también se hacen una pregunta: «¿Qué va a ocurrir una vez queden libres las viviendas?». Seguirán deshabitadas. «Al ser propiedad privada, no podemos hacer nada», explica el regidor. La única opción es actuar en el espacio que es municipal. «Planteamos hacer un vallado en la parte pública» para que, tras la primera, no llegue una segunda okupación. Un conflicto que se repite en otros municipios de Cantabria, como Meruelo. Allí, este pasado domingo un centenar de personas se manifestó para mostrar su rechazo a esta «lacra social».