Adif permite al Gobierno y el Ayuntamiento pagar la integración ferroviaria en diez años
Las Administraciones regional y local tendrán que decidir si aceptan la propuesta del Ministerio antes de firmar el nuevo convenio con la actualización de precios
La visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, a la inauguración del nudo de Torrelavega sirvió esta semana para comentar la situación de los ... convenios de las integraciones ferroviarias de Santander y Torrelavega. Los dos acuerdos tienen que renovarse al haber caducado los que se firmaron en 2018 y para incluir en los nuevos documentos la actualización de precios -que en el caso de Santander se ha incrementado más del doble-. Pero, además, desde Adif, dependiente del Ministerio, dan la opción a las administraciones regional y local de pagar su parte en diez años en vez de en tres, como se había acordado en un primer momento.
En el caso de Torrelavega, ya han firmado el nuevo convenio y tanto el Ayuntamiento de la capital del Besaya como el Gobierno regional se han acogido a la nueva facilidad de pago, lo que da a entender que el Ejecutivo cántabro hará lo mismo para el proyecto de Santander, donde aún no se ha firmado ni se han avanzado fechas para llevarlo a cabo. Aun así, todo hace indicar que dirán que sí, ya que no tendrán que pagar intereses, dispondrán de más tiempo para hacer frente al coste y podrá acometer al mismo tiempo actuaciones propias. Además, el Gobierno cántabro ya ha firmado a favor de dilatar el plazo de pago en Torrelavega, lo que fortalece la idea de que hará lo mismo en la capital cántabra.
Así, del presupuesto total de la integración ferroviaria de Santander, que es de 329,62 millones de euros más IVA (rozará los 400 millones), el 50% lo pagará íntegramente el Ministerio de Transportes porque corresponde con la parte puramente ferroviaria (211,40 millones). El resto, los 118,21 millones que se destinarán a actuar en los espacios liberados para la ciudad, se cofinanciarán entre las tres Administraciones de la siguiente manera: un 50% lo pagará el Gobierno de España, un 30% el Gobierno regional y un 20% el Ayuntamiento de Santander. Así, Cantabria pagará 35,46 millones y, Santander, 23,64. En tres años, tendrían que pagar 11,82 y 7,88 millones al año respectivamente y, si se acogen a la oferta de Adif, serían 3,54 y 2,36 millones al año durante una década. Esto no influirá de ninguna forma en la duración de las obras, que está previsto que arranquen el año que viene y terminen en 2030.
Las dos primeras intervenciones, que se licitarán este año, serán el edificio de oficinas de la Peña del Cuervo y la reorganización provisional de la playa de vías, que sumarán un coste de unos 70 millones de euros. Como concretó la alcaldesa de Santander, Gema Igual, después de la última comisión de seguimiento (se celebró el 11 de junio), la actuación que se centrará en la Peña del Cuervo, donde se desarrollará el edificio de oficinas, arrancará «a principios de año, cuando ya estará la maquinaria trabajando sobre el talud». Respecto a esta intervención, el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, añadió que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y la pagará íntegramente el Ejecutivo central, al tratarse de una actuación puramente ferroviaria, donde trabajará el personal de Adif y Renfe y que no contarán con un apartado de atención al usuario. La construcción de este inmueble está valorada en 24,42 millones y se licitará próximamente. A la par se desarrollará la reorganización de la playa de vías (el desvío y la estación provisional que dará servicio a los usuarios mientras duren las obras), que costará 45,5 millones. Estas dos actuaciones saldrán a licitación este año con la previsión de que arranquen las dos a principios de 2026.
Así, la construcción del edificio de viajeros empezará en el segundo trimestre del año que viene con un plazo de ejecución de 26 meses y, por último, la reordenación de todos los espacios, «esa gran obra que dará un cambio definitivo a Santander» -apuntó Media-, arrancará en el tercer trimestre de 2027, con un periodo de ejecución de 31 meses. En ese punto se ejecutará la cubierta de las vías, la polémica losa que unirá la calle Alta y Castilla-Hermida, sobre la que se desarrollará un espacio liberado para los ciudadanos que albergará espacios públicos como zonas verdes y estanciales, aún sin concretar y que se definirán a través de un concurso de ideas.
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