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El Ayuntamiento de Santander da marcha atrás y el próximo lunes anulará el convenio que suscribió con el Obispado en 2020 para construir un albergue de peregrinos en el número siete de la calle Limón ... . Así lo confirmó ayer el concejal de Economía, Javier García, durante el pleno municipal. Lo hizo en una de sus intervenciones, respondiendo al portavoz del PSOE, Daniel Fernández, que le preguntó por el tema. Minutos después también lo corroboró la alcaldesa, Gema Igual. Será en la Junta de Gobierno Local donde se ponga fin a un conflicto que nació prácticamente desde la firma de ese acuerdo.
Esta noticia se conoce solo dos semanas después de que El Diario Montañés publicara que el Consejo de Estado se oponía a ese acuerdo. El órgano consultivo emitió un informe después de que un juez obligara al Ayuntamiento a recabar un dictamen para esclarecer si el acuerdo con la Diócesis se ajustaba o no a la Ley de Subvenciones. «No se trata, por lo demás, de una omisión involuntaria sino reflejo de la decisión del Ayuntamiento de Santander de formalizar el Convenio de colaboración al margen de la legislación de subvenciones», se podía leer en el texto. Entonces, desde este periódico se cuestionó al equipo de gobierno del PP por el tema. Sin embargo, no se pronunciaron al respecto.
Este culebrón surgió en 2020, fecha en la que se hizo oficial el convenio para construir el albergue de peregrinos en un inmueble, que data de 1920, que está desocupado y es propiedad del Obispado. Lo que se estableció entonces es que el Consistorio derribaría el edificio ese mismo año y antes de comenzar 2021 licitaría la construcción del nuevo espacio. Este seguiría siendo propiedad de la Diócesis, con una concesión de explotación de cincuenta años a favor de esta última. Un proyecto que, según lo que se explicó entonces, supondría una inversión municipal de casi un millón de euros.
Un año después de hacerse público este acuerdo, un grupo de empresarios del sector hotelero de la ciudad presentó un recurso contra el convenio firmado. Explicaron que era «nulo de pleno derecho» al contravenir la ley de contratos del sector público y «diversa normativa y jurisprudencia estatal y europea». Veían en este proyecto «competencia desleal» ya que se sacó adelante «sin concurso y sin licitación».
El recurso acabó en el Juzgado del Contencioso Administrativo número 1 de Santander, cuyo titular, Juan Varea, exigió al Ayuntamiento emitir una resolución sobre el convenio, previa consulta al Consejo de Estado, que ahora les da la razón. Finalmente, después de muchos capítulos, el convenio será anulado.
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