El Consejo de Estado se opone al convenio para abrir el albergue de la calle Limón

Para entender esta polémica hace falta remontarse hasta 2020, año en el que se firmó el acuerdo para construir el albergue de peregrinos en un inmueble, que data de 1920, que está desocupado y es propiedad del Obispado. Lo que se estableció entonces es que el Consistorio derribaría el edificio ese mismo año y antes de comenzar 2021 licitaría la construcción del nuevo espacio. Este seguiría siendo propiedad de la Diócesis, con una concesión de explotación de cincuenta años a favor de esta última. Entonces, también ofrecieron más detalles sobre el proyecto: se destinarían 544 metros cuadrados al albergue, que contaría con 48 plazas e iba estar abierto todo el año. Todo esto sería posible gracias a una inversión municipal de casi un millón de euros.

Un año después de hacerse público este acuerdo, un grupo de empresarios del sector hotelero de la ciudad presentó un recurso contra el convenio firmado. Señalaban que ese acuerdo es «nulo de pleno derecho» al contravenir la ley de contratos del sector público y «diversa normativa y jurisprudencia estatal y europea». Veían en este proyecto «competencia desleal» ya que, explicaron, se sacó adelante sin concurso y sin licitación. Para los recurrentes, el Ayuntamiento «regalaba dinero al Obispado en forma de obra sin beneficio para el conjunto de la ciudadanía y dañando al tejido empresarial».

El recurso acabó en el Juzgado del Contencioso Administrativo número 1 de Santander, cuyo titular, Juan Varea, exigió al Ayuntamiento emitir una resolución sobre el convenio, previa consulta al Consejo de Estado, que ahora les da la razón. Sin embargo, al tratarse de un informe preceptivo –como defendió el Ayuntamiento– y no vinculante, está por ver si el equipo de gobierno del PP declara nulo ese acuerdo.

Según ha podido saber este periódico, el concejal delegado de Patrimonio ha propuesto a la Junta de Gobierno Local declarar la nulidad del convenio, «poniendo fin al procedimiento».