El Ayuntamiento de Santander da un nuevo paso para ratificar la sanción de 65.500 euros a la empresa de Jardines

Según informan fuentes municipales, una vez analizadas las alegaciones, los servicios técnicos municipales han considerado que «han de ser desestimadas en su totalidad, por considerarse válidas las penalidades impuestas, ya que las mismas han sido determinadas, previa audiencia de la contratista y siguiendo el procedimiento legalmente establecido». Por este motivo, la Junta de Gobierno Local del lunes acordó desestimar el recurso, lo que significa que el Ayuntamiento mantiene la imposición de sanciones por valor de 65.500 euros.

Fue también el pasado diciembre cuando se abrió uno de los capítulos más serios en este enfrentamiento que mantiene el Ayuntamiento con la empresa gallega, que comenzó a trabajar en Santander en 2023. Junto al expediente ya mencionado, abrió otro que planteaba la rescisión del contrato por los «reiterados incumplimientos» de la adjudicataria -ya sancionaron en otra ocasión a Légamo con 50.000 euros-. Cuatro meses después, desde Medio Ambiente declararon la caducidad de la resolución del contrato al haber pasado más de tres meses para resolverlo. En este periodo de tiempo, explicaron fuentes municipales, no fue posible «analizar todas las alegaciones e informar de las penalidades y la resolución».

Desde el Consistorio quisieron justificar entonces la caducidad de este procedimiento. «Se produce en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración cuando ha transcurrido el plazo legalmente estipulado para resolver y notificar el procedimiento, en este caso tres meses, computado ese plazo desde que se acuerde el inicio del procedimiento hasta la notificación de su resolución». Aunque no descartaron que pudiera volver a iniciarse este trámite. «Se declara la caducidad de la acción de resolución del contrato sin perjuicio de poder iniciar un nuevo expediente en el caso de que resulte procedente». Eso sí, añaden, para «resolver expresamente hay que iniciar un nuevo procedimiento en el que deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado, teniendo igualmente tres meses hasta resolver y notificar», añadieron.

Tras conocerse que el Ayuntamiento planteaba la rescisión del contrato, la alcaldesa, Gema Igual, aseguró que no le temblaría la mano si tenía que hacerlo.