La Policía portará cámaras en sus trajes para grabar sus intervenciones

Las denominan dispositivos de grabación unipersonal (DGU), y están disponibles desde el pasado 8 de agosto en algunas localidades españolas tras un reparto paulatino entre las unidades de todo el país. Son equipos de dimensiones y peso reducidos, con funciones de grabación simultánea de audio y vídeo, que se colocan en un soporte que va sujeto al uniforme. Su activación se realiza de forma manual por el agente que requiera su empleo o de forma automática cuando el dispositivo esté vinculado con otras herramientas de dotación policial.

En la Jefatura Provincial de Cantabria se ha realizado una asignación personal a agentes dedicados a la Seguridad Ciudadana, esto es, a los que se encuentran patrullando las calles; y en los próximos días continuarán llegando nuevos dispositivos.

«Los funcionarios podrán utilizarlos como nueva herramienta de dotación policial dirigida al mantenimiento del orden público y a garantizar la seguridad ciudadana, todo ello sujeto a un protocolo sobre la utilización de DGU», informan en la Jefatura.

Pero esta nueva tecnología tiene sus límites. Tal y como figura en dicho protocolo, no se podrán utilizar los DGU, como norma general, cuando su activación se realice en el interior de domicilios, salvo consentimiento previo del titular de los derechos afectados, resolución judicial o para la prevención de delitos o infracciones administrativas muy graves o graves previstas en la ley.

Algunos de esos vídeos captados por otras policías del mundo se han viralizado en internet –aunque esto no sea legal en España– porque muestran operaciones donde en muchas ocasiones la violencia es la protagonista. Esto será totalmente ilegal en España.

Según ha informado la Policía, «el protocolo deja claro que la toma de imagen y sonido, que ha de ser conjunta, quedará supeditada a la concurrencia de un peligro o evento concreto. Si la grabación capta la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones penales, los agentes pondrán esas imágenes a disposición judicial».

Hay más garantías para el ciudadano en este sentido, porque las grabaciones serán destruidas en el plazo de tres meses desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, sujetas a una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.

Además, los ciudadanos podrán ejercer los derechos de información, acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo.