La renovación de Las Clarisas llega a su fin pero el Gobierno sigue sin concretar su uso

Las cosas de palacio van despacio. Y en este caso, también las de convento. Las Clarisas ha pasado en los últimos cinco años por tres licitaciones –dos quedaron desiertas–, una pandemia y una guerra que incrementaron considerablemente el presupuesto de la obra –prácticamente se triplicó–, dos gobiernos –con los retrasos que supone un cambio de color político a la hora de poner en marcha proyectos heredados–. Y, ahora, la duda sobre su futuro, a pesar de que la Consejería de Hacienda contaba el año pasado con una partida de 70.000 euros en su presupuesto para llevar a cabo ese concurso de ideas. Este no llegó a celebrarse en 2024 y desde este área siguen sin concretar un calendario para desarrollarlo y poder dar, por fin, un nuevo uso a este edificio, localizado a escasos pasos del Parlamento cántabro.

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El edificio estuvo cerrado a cal y canto desde 2002, cuando se trasladó la fábrica de tabacos que operó allí durante casi dos siglos tras la marcha de las monjas clarisas. Pasaron 22 años hasta que, en mayo del año pasado, arrancó su rehabilitación, que ha durado algo más de un año. Así, las obras rozaron los dos millones de euros de presupuesto y las desarrolló la empresas Rotedama. Las intervenciones se dividieron en tres fases que se solaparon entre sí. La primera, con un plazo de cuatro meses, se centró en reparar, estabilizar, reforzar y consolidar los muros y la cubierta de la iglesia, el área más próxima a la carretera. La segunda, de seis meses, se enfocó en derribar nueve de los once anejos del convento, que carecían de valor. Esta fase también incluyó retirar los tejados de amianto, operación que se realizó al principio para evitar que el escombro 'sano' se mezclase con la uralita. Por último, la tercera fase estuvo centrada en actuar en los tejados del convento y del claustro, reforzar y reparar las cubiertas y acondicionar el resto de la parcela.

La rehabilitación de Las Clarisas es uno de los proyectos incluido en la Comisión Mixta de El Cabildo (formado por el Gobierno de España, el regional y el Ayuntamiento de Santander) y es una de las pocas medidas que sí se ha desarrollado para la mejora del barrio. La próxima será el derribo de dos edificios cercanos (el número 9 y 13 de la calle Alta), que están en estado de ruina y donde el Consistorio ha adquirido en los últimos años gran parte de las viviendas para poder decidir su futuro. Así, la intención es demolerlos después del verano –la intervención ya está adjudicada a la empresa Palomera por algo más de 250.000 euros que corren a cargo del Ayuntamiento– y que Sodercán (empresa pública de la Consejería de Fomento) construya un edificio en el solar resultante con 30 viviendas. Estos pisos los gestionará el Ayuntamiento, que los destinará al alquiler asequible.