Santander aprueba la concesión de 341 bonificaciones de IBI para empresas y autónomos

El Ayuntamiento dejará de ingresar 1.230.000 euros tras reducir el 20% de la cuota íntegra del impuesto de los titulares de actividades de ocio y hostelería, cultural o espectáculos; y del 10% para las de uso comercial, industrial, oficinas, sanidad o deportivo, o que se consideren Bien de Características Especiales.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), que ha participado desde su domicilio debido a la cuarentena preventiva, ha destacado que se trata de una ayuda «exclusivamente» para 2021 y «directa, de las que tanto pedimos», que no supone una merma de ingresos al Ayuntamiento porque ya estaba contemplada en los Presupuestos de 2021, y que está dirigida al tejido productivo que soporta los puestos de trabajo.

También ha explicado que la urgencia del Pleno debe a que la reducción en el pago ya se aplicará a los beneficiarios en el próximo recibo del IBI, cuyo plazo de abono voluntario comienza el próximo 3 de mayo; y a que se ha apurado el plazo para que se presentara el mayor número de empresas posible.

Una urgencia que ha cuestionado el edil de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, para quien ésta no es tal sino «falta de previsión». El concejal también se ha abstenido en la aprobación de la declaración porque mientras en algunos casos la ayuda le parece «necesaria», como en la hostelería, sin embargo «no ve justificado» que la reciban otros, como entidades bancarias.

En términos parecidos se ha pronunciado el portavoz de UxS, Miguel Saro, que considera que el instrumento utilizado no es el más adecuado por la generalidad --«un cajón de sastre», ha dicho--, y también ha expresado sus «dudas» porque en el listado de empresas «hay de todo». «Algunos han sufrido la crisis más y otros menos pero no hay un criterio para decidirlo porque es genérico», ha señalado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha manifestado que «una situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias» como ésta, y «aunque todo es mejorable» y «se pueden haber incluido empresas que no necesiten tanto la ayuda, la gran mayoría» sí la precisan. «Hay que facilitar la vida a la empresa en una situación complicada», ha señalado.

En el mismo sentido, la concejala regionalista, Amparo Coterillo, ha defendido la necesidad de facilitar y acelerar las ayudas ante el «daño increíble» que ha producido esta crisis a empresas y trabajadores, y por eso ha apostado por aprobar la declaración, aunque posteriormente haya que sacar una segunda tanda (el plazo finaliza el 11 de junio), para que las empresas reciban «este pequeño alivio».

El portavoz del PSOE, Daniel Fernández, ha sido el más crítico, al afirmar que esos más de 1,2 millones de euros «que se perdonan a los propietarios de inmuebles» y que «afectan a los ingresos del Ayuntamiento» hubieran permitido atender «al doble de santanderinos en riesgo de exclusión social».

Ha explicado que los socialistas no apoyan la medida porque, aunque están de acuerdo con las bonificaciones a pequeños comerciantes, en el listado «hay empresas que no son las más castigadas por la crisis». «Muchas empresas se quedan fuera de las ayudas y otras no son las más vulnerables; es una medida lineal, que beneficia más al que más tiene», ha sostenido.

Unos argumentos que ha rechazado la alcaldesa afirmado que la media no es lineal porque hay tramos de ayudas, ni supone una afección a los ingresos municipales porque ya estaban contemplados en el presupuesto, ni una merma de dinero para las inversiones ni los servicios sociales, cuya dotación se «engordará más» con el II Plan de Choque. Por ello ha pedido a los socialistas que no hagan «demagogia» porque «el dinero a las empresas no se lo damos para quitárselo a los servicios sociales».

El concejal de Economía, Víctor González-Huergo, ha recordado que el porcentaje de bonificación no es el mismo para todas las empresas, así como que el objetivo de la medida es el fomento del empleo, pues uno de los requisitos de los beneficiarios es que deben mantener el número de puestos de trabajo desde el 15 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Además, ha subrayado que se ha revisado «exhaustivamente» los 341 expedientes y «todo el que está ahí, tiene derecho», matizando asimismo que el beneficiario de la ayuda es el inquilino, no la propiedad.